La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIS) anunció que a partir de julio comenzará a aceptar solicitudes de empresas interesadas en explotar los fondos oceánicos. Esta decisión surge tras dos semanas de debate en la ONU sobre las regulaciones para esta nueva y polémica práctica de minería de aguas profundas.
La minería en aguas profundas permitiría extraer materiales clave como cobalto, cobre, níquel y manganeso, esenciales para la fabricación de baterías. Estos elementos se encuentran en rocas del tamaño de una patata denominadas “nódulos polimetálicos”, localizadas a profundidades de entre 4 y 6 km en el fondo del océano. La zona Clarion-Clipperton (CCZ) del Pacífico Norte, ubicada entre Hawai y México, es especialmente rica en estos nódulos.
Fecha límite para presentar solicitudes
El consejo de gobierno de la AIS estableció el 9 de julio como la fecha a partir de la cual las empresas podrán presentar sus solicitudes de permiso. Esta decisión fue impulsada por medidas adoptadas por la nación insular de Nauru en 2021. El personal de la AIS tendrá tres días hábiles para informar al consejo una vez recibidas las solicitudes. Se prevé que el Consejo se reúna virtualmente antes de julio para seguir debatiendo si es posible retrasar la aprobación de dichas solicitudes.
Reacciones y preocupaciones medioambientales
Organizaciones como Greenpeace se oponen firmemente a esta práctica, argumentando que podría causar daños a las ballenas y otros animales salvajes. Louisa Casson, representante de Greenpeace, calificó la decisión como “profundamente irresponsable” y una oportunidad perdida para demostrar el compromiso con la protección de los océanos.
Por otro lado, empresas como The Metals Co (TMC.O), con acuerdos para suministrar metales a Glencore Plc (GLEN.L), defienden la minería de aguas profundas. Argumentan que este tipo de extracción tendría un menor impacto ambiental en comparación con la minería tradicional en tierra firme.
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Actualmente, China lidera la exploración minera en aguas profundas, pero países como Chile, Francia, Palau y Fiyi han solicitado una moratoria mundial en la práctica, alegando preocupaciones medioambientales y la falta de datos científicos suficientes. La decisión de la AIS en julio marcará un punto de inflexión en la discusión sobre la explotación de los fondos oceánicos y su impacto en el medio ambiente.
