Según Fitch Ratings, Chile puede aumentar la presión fiscal sobre los productores de cobre en unos 5 puntos porcentuales sin afectar significativamente al sector ni a su competitividad. “Si la carga tributaria subiera 5 puntos porcentuales y llegara a un nivel de alrededor de 42%, un poco más de 40%, no creo que tuviera un impacto”, dijo Alejandra Fernández, directora de Fitch que cubre la industria minera de América Latina, en una entrevista.
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Actualmente, el Gobierno de izquierdas de Chile está buscando aumentar los beneficios destinados a financiar programas sociales, provenientes de las minas propiedad de empresas como BHP Group y Freeport-McMoRan Inc. A pesar de que la industria está dispuesta a pagar más, advierte que la versión actual del proyecto de ley de royalties podría erosionar la competitividad y las inversiones.
Esta semana, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, modificó el proyecto de ley para garantizar que la tasa de regalías se ajustaría para mantener la carga fiscal total de cada empresa en un tope del 50%, manteniendo así la tasa media de la industria muy por debajo de ese nivel.
Sin embargo, las negociaciones se complican debido al desacuerdo sobre la situación actual de los impuestos. El Gobierno estima que el tipo efectivo actual es del 33%, mientras que el sector afirma que está más cerca del 40%. Gran parte de la diferencia se explica por las distintas hipótesis sobre la cantidad de beneficios que se reparten en dividendos.
No obstante, tras una serie de modificaciones, la propuesta es ahora “bastante más razonable”, según Fernández. De hecho, el Ministro Marcel dijo el jueves que estaría dispuesto a discutir un límite inferior.
Elevar el tipo efectivo a cerca del 40% “no generaría una distorsión”, dijo Fernández. “Pero si efectivamente se acerca más a lo que dice la industria, que llegaría al 50%, entonces podemos decir que generaría un escenario más distorsionado”.
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Un aumento moderado en la presión fiscal sobre los productores de cobre podría ser viable para financiar programas sociales sin afectar significativamente la competitividad del sector. El éxito de esta medida dependerá de las negociaciones entre el Gobierno y la industria, así como del equilibrio adecuado entre la carga tributaria y el impacto en la inversión y el crecimiento económico.

