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Los indígenas de Ecuador exigen que se cumplan las sentencias contra las industrias extractivas

Dos comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador exigieron el martes a la Corte Constitucional que aplique las sentencias de 2018 y 2019 para proteger miles de hectáreas de selva tropical de proyectos petroleros y mineros.

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Los tribunales locales de Ecuador fallaron por separado a favor de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos del país, así como de 16 comunidades Waorani de la provincia de Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre los proyectos extractivos previstos en sus territorios, ordenando incluso trabajos de restauración en las zonas afectadas.

Delegaciones de ambas comunidades presentaron una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para obligar al Ministerio de Energía y Minas, y al de Medio Ambiente, a cumplir las sentencias.

“Han pasado varios años pero la sentencia no se ha cumplido en absoluto”, dijo a los periodistas Wider Guaramag, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. “La violación de nuestros derechos continúa”.

En 2018, un juez falló a favor de la comunidad A’i Cofán y ordenó la reversión de una veintena de concesiones mineras otorgadas a empresas privadas a lo largo del río Aguarico, así como el archivo de 32 procesos que aún no habían sido adjudicados.

Sin embargo, la comunidad argumenta que las autoridades sólo suspendieron las concesiones mineras, sin revertirlas ni archivarlas, mientras que la restauración ambiental no se ha llevado a cabo.

En los últimos 15 meses se han suspendido las actividades en 146 concesiones mineras en Ecuador, dijo el Ministerio del Ambiente en un comunicado, sin mencionar las concesiones en Sucumbíos.

Las comunidades waorani buscan la protección de sus territorios, para evitar que se desarrollen operaciones petroleras en sus tierras, después de que un juez dictaminara que la creación del bloque petrolero 22 violaba sus derechos en 2019

El bloque petrolero en cuestión aún no ha sido adjudicado a una empresa petrolera.

El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

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“Queremos respuestas porque han pasado años”, dijo a los periodistas Gilberto Nenquimo, presidente de la nación Waorani. “Deben cumplir la sentencia”.

Reuters

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