Las comunidades indígenas de Ecuador presentaron el martes cientos de miles de firmas al máximo tribunal del país para exigir su derecho a tomar decisiones definitivas sobre el uso de tierras ancestrales que, según dicen, están amenazadas por la expansión de proyectos extractivos.
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Las comunidades indígenas A’i Cofan y Waorani, del pueblo Sinangoe y de la provincia de Pastaza, respectivamente, recogieron más de 365.000 firmas de todo el mundo para presentarlas ante la Corte Constitucional de Ecuador, donde exigieron que se garantice su derecho al consentimiento previo e informado sobre los proyectos extractivos.
La consulta previa sobre las industrias extractivas ya está disponible para las comunidades que viven cerca de los proyectos propuestos en los países vecinos, Colombia y Perú.
En los últimos años, ambas comunidades han ganado juicios en los tribunales locales para suspender la explotación minera y petrolera en sus territorios, que forman parte de las zonas más diversas de Ecuador.
“Queremos que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la garantía de nuestro derecho a la vida”, dijo a los periodistas Silvana Nihua, presidenta de la Organización Pastaza Waorani, a la salida del tribunal. “Hemos decidido que nuestro territorio no está en venta”.
El Tribunal Constitucional podría pronunciarse sobre la demanda de la comunidad A’i Cofan respecto a los proyectos mineros tan pronto como el miércoles, según los líderes de la comunidad.
El año pasado, los jueces de la Corte viajaron al hogar de la comunidad en la selva de Ecuador para escuchar las demandas de los indígenas durante una audiencia histórica.
Una decisión a favor de las comunidades sentaría un precedente sobre los derechos de las comunidades indígenas al libre consentimiento de los proyectos extractivos propuestos.
La Corte Constitucional no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
El presidente conservador Guillermo Lasso quiere que el sector minero desempeñe un papel más importante en la incorporación de la inversión privada y también se ha propuesto duplicar la producción de petróleo, con actividades de este tipo programadas para zonas ambientalmente sensibles.
“Aquí tenemos oro, pero no queremos explotarlo porque la minera seguirá dañando nuestro territorio”, dijo a la prensa Víctor Quenama, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
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“Defendemos nuestro río, la madera y los animales, porque estos son nuestros supermercados y farmacias”, dijo.
Reuters
