Es fundamental incentivar a la industria minera y dar certidumbre jurídica a las operaciones mineras.
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La restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como estratégico es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras en México, tanto para las que actualmente ya se encuentran trabajando en el país como para los futuros desarrollos, lo cual puede impactar negativamente en la contribución que las empresas mineras responsables realizan para abonar a la reactivación económica tan necesaria para México. Esto pone en riesgo el empleo de más de 3 millones de familias que dependen de esta actividad, con sueldos dignos, así como el bienestar de más de 690 comunidades donde no hay posibilidad para desarrollar otra actividad económica.
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Aún no existe información disponible sobre las reservas de litio en México.
La CAMIMEX reitera que, aunque no hay suficiente información disponible sobre las reservas del litio en México, es un hecho que se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones que afectarían gravemente el presupuesto público, con el fin de desarrollar y contar con la tecnología para explotar este mineral.
Con la información conocida hasta el momento, tanto por parte de las empresas mineras como de las autoridades en la materia, no es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual.
Lamentablemente, la reforma aprobada en la Cámara de Diputados reserva para el Estado mexicano la explotación del litio, lo que deja fuera al sector privado, el cual cuenta con la experiencia y recursos para poder contribuir en el aprovechamiento de este mineral.
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Se requiere prioritariamente incentivar a la industria minera para continuar impulsando la reactivación económica.
La minería responsable que actualmente se desarrolla en el país es un motivo de orgullo para los mexicanos. México es líder en producción a nivel mundial y opera con los más altos estándares en materia social y ambiental (te invitamos a consultar el Informe de Sustentabilidad). Esto ha llevado a la minería a ser una de las cinco fuentes de ingresos por concepto de divisas más importante para el país y una de las industrias que más aporta en materia impositiva al fisco, acumulando más de 225mil millones de pesos en los últimos 6 años, lo que equivale a 3.3 veces el presupuesto de egresos de estados como Sonora y 6.7 veces el presupuesto de Zacatecas para este 2022.
Una política pública que impulse a la minería puede apoyar en la generación de más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; en la atracción de inversiones por más de $24,200 millones de dólares para nuevas minas en los siguientes 6 años; y en el pago de impuestos y derechos por $23,500 millones de pesos adicionales al año.
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La colaboración estrecha entre el sector público y privado será fundamental para garantizar un abastecimiento de minerales ordenado y necesario para el sector industrial y toda la población mexicana.
El sector minero confía que en el Senado de la República se analizará a detalle y de manera objetiva la reforma, a fin de que la misma garantice y dé certidumbre a todos al sector industrial, al sector minero y a los mexicanos.
Para la industria minera es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable. Desde CAMIMEX y sus empresas afiliadas se seguirá trabajando en beneficio del desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental. Como lo señaló Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la CAMIMEX, durante su participación en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, convocado por la Cámara de Diputados: “En la actualidad, la minería es un motor fundamental de la economía del país y un aliado estratégico del gobierno federal. La CAMIMEX reitera su disposición a colaborar con el gobierno federal en todos los ámbitos para alcanzar los objetivos sociales y económicos del país”.
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La reforma a la Ley Minera es redundante, toda vez que el litio ya se encuentra protegido en la Constitución, al ser considerado como un bien de la Nación.
Finalmente es importante señalar que la Constitución ya contempla al litio como un bien de la nación en el artículo 27º.
