El ministro de Minería de Chile, Juan Carlos Jobet, dijo el lunes que el gobierno de centroderecha del país se opondría a un proyecto de ley para aumentar las regalías de las mineras de cobre y litio que actualmente están considerando los legisladores. “inconstitucional.”
La legislación, introducida por legisladores de izquierda, tiene como objetivo recaudar fondos que, según dicen, se necesitan con urgencia para ayudar a financiar programas sociales y estímulos en medio de la pandemia de coronavirus. El proyecto de ley ganó impulso debido a que los precios del cobre se dispararon este año.
“Nuestro gobierno no apoyará esa idea”, dijo Jobet en la Conferencia Mundial del Cobre de CRU y la Semana CESCO, calificando la moción de “inconstitucional”. La ley chilena estipula que los nuevos impuestos deben originarse en el poder ejecutivo. “Creemos que la mejor manera de aumentar los ingresos del gobierno por la minería es aumentar la producción y mejorar la competitividad”.
El controvertido proyecto de ley llega en un momento tumultuoso para los mineros del principal productor de cobre del mundo. Chile se está lanzando a un proceso de dos años para reformar su constitución de la era de la dictadura, una demanda central de los disturbios violentos que abrumaron al país en 2019. Los temas sociales, ambientales y fiscales están todos sobre la mesa. Jobet dijo en la conferencia en una presentación en línea que, no obstante, el gobierno de Chile pronto implementaría una política minera nacional paralela y de amplio alcance, producto, dijo, de más consultas con más de 3.000 partes interesadas durante dos años.
“Planeamos presentar esta política durante el tercer trimestre de este año”, dijo Jobet. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), dijo en la conferencia en una presentación separada que la estabilidad regulatoria debe ser una prioridad máxima en estos tiempos de cambio.
“Con un panorama como el que tenemos hoy con todas estas elecciones, con todos estos cambios que la ciudadanía quiere, se cuestiona el tema de la seguridad jurídica”, dijo Hernández. “No ayuda a tomar decisiones de inversión”. El veterano alto ejecutivo minero dijo que le correspondía a la industria convencer a los chilenos de que no cambiaran drásticamente las reglas del juego para los mineros, una tarea que calificó de “muy difícil en un escenario como el actual”.
Reuters
