Luego de una semana de protestas , el gobernador de la provincia central argentina de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que enviará un proyecto de ley a la legislatura para abolir la Ley 9209, que permitió el uso de cianuro y ácido sulfúrico en las operaciones mineras y que modificó su predecesora de la Ley 7722.
La nueva ley fue aprobada rápidamente la semana pasada y provocó protestas masivas diarias en toda la provincia. Algunas manifestaciones causaron interrupciones en el tránsito en las carreteras que conectan Argentina con el vecino Chile.
Los manifestantes, muchos de ellos de partidos de oposición de izquierda y organizaciones ambientales, argumentaron que la nueva ley amenazaba las vías fluviales y el suministro de agua de la provincia.
Después de una semana de disturbios, el 26 de diciembre, Suárez dijo que la legislatura no iba a trabajar en las regulaciones que harían efectiva la ley hasta que se alcanzara un consenso social. En una conferencia de prensa informada por los medios locales , el gobernador dijo que incluso estaba pensando en la posibilidad de convocar un referéndum sobre la ley.
Pero el intento de Suárez de salvar el 9209 no funcionó ya que las manifestaciones continuaron con 10,000 personas marchando el jueves, según el periódico Clarín . Por lo tanto, su oficina anunció que este lunes se enviará a la legislatura provincial un proyecto de ley para abolir la ley.
Sin embargo, el gobernador dijo que todavía cree que permitir las actividades mineras es clave para el desarrollo económico de Mendoza. En la actualidad, la provincia tiene 19 propuestas mineras en espera de aprobación. La mayoría de ellos se centran en la extracción de cobre, pero también hay proyectos de oro, plata, plomo, zinc y uranio en el tablero de dibujo.
De ellos, solo un proyecto ha recibido las aprobaciones necesarias para seguir adelante. Es la operación de mineral de hierro Hierro Indio de Alto América, ubicada cerca del municipio de Malargue, donde se está produciendo una nueva ola de protestas pero, en este caso, en apoyo de la Ley 9209.
Activistas pro mineros en Malargue dijeron durante el fin de semana que pedirán al gobernador que aplique la nueva legislación en su ciudad, incluso si se abolió en el resto de la provincia.
