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Perú busca mejorar la Ley General de Minería de forma ética

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El ministro de Energía y Minas, Franscisco Ísmodes Mezzano, resaltó la importancia y efectividad que ha tenido la Ley General de Minería (LGM), que tiene casi 30 años de vigencia, para el desarrollo de esta importante actividad en el suelo peruano.

No obstante, destacó que hay aspectos que se pueden mejorar en ese marco normativo y que ese es uno de los objetivos que persigue su gestión. “El enfoque que tenemos no es el de cambiar toda la Ley, sino mejorarla, para que se adapte a las transformaciones y desafíos que afronta el sector”, señaló durante su participación en la cena: “Gobierno y Empresariado: Una visión compartida para el desarrollo del país”, organizada por la Cámara de Comercio Canadá Perú.

El ministro enfatizó que el objetivo que persigue ese esfuerzo es el de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la actividad minera a fin de sentar las bases de un mayor desarrollo de proyecto y en la llegada de más inversiones.

Las propuestas de mejora al marco normativo de la minería se realizarán con el acompañamiento de expertos internacionales y locales de reconocida trayectoria, anotó. “Se conformará un espacio en el que se pueda pensar de forma técnica las posibles mejoras”, enfatizó.

El ministro explicó que tras la promulgación de la Ley General de Minería, en 1992, “se han aprobado diversas normas modificatorias y complementarias” que deben ser comprendidas en un marco normativo integral mediante modificaciones estratégicas que abarcan las diversas aristas en torno a esta importante industria.

Francisco Ísmodes incidió en la importancia de la minería para el país al comentar que ha aportado más del 9% del PBI nacional en los últimos tres años y que solo entre enero y julio pasado, se han transferido a las regiones S/4,021 millones por conceptos mineros como el canon, las regalías y el derecho de vigencia.

De igual forma, destacó que la actividad genera en la actualidad más de 216 mil empleos directos y, de forma indirecta, produce 1.3 millones de puestos de trabajo indirecto, según la estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE).

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