La administración del presidente Donald Trump congeló la semana pasada todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y aumentó la presión contra las empresas que tienen proyectos en el país petrolero, amenazando con congelar activos de personas o empresas que hayan decidido “asistir materialmente” al gobierno venezolano.
Eso se sumó a anteriores sanciones de la Casa Blanca, que busca presionar la salida del presidente Nicolás Maduro, que llegó a un segundo mandato en una reelección considerada por gran parte del Hemisferio Occidental como ilegítima.
El nuevo decreto no sancionó explícitamente a compañías que no son estadounidenses, incluidos a socios minoritarios en empresas mixtas con PDVSA como la francesa Total, la noruega Equinor o la española Repsol. Tampoco castigó a compradores de crudo venezolano rusos y chinos.
El lenguaje de las nuevas sanciones es similar a las emitidas en enero, pero el asesor de seguridad nacional de Washington, John Bolton, dijo que las últimas medidas harán que las compañías tengan que decidir si hacer negocios con Venezuela o con Estados Unidos.
“Si realmente quieren hacer lo que Bolton dice, que es conseguir que estas empresas dejen de hacer negocios con Venezuela, tendrán que demostrar que lo dicen en serio y entonces ir a castigar a alguien”, dijo Francisco Rodríguez, un economista venezolano de la firma Torino Economics en Nueva York y exasesor del excandidato presidencial opositor Henri Falcón.
Repsol y Total no respondieron a solicitudes de información y Equinor declinó comentar sobre este asunto.
Las posibles medidas a compañías que hacen negocios con PDVSA, que son conocidas como sanciones secundarias, podrían afectar las operaciones de la industria petrolera venezolana, según dijeron analistas. Más de la mitad de la producción actual de crudo proviene de empresas conjuntas entre la estatal y socios extranjeros.
Las sanciones en enero impidieron a firmas estadounidenses importar petróleo venezolano y realizar transacciones en dólares con PDVSA, lo que aceleró el declive del bombeo de crudo en la nación OPEP. El país exportó unos 993.000 de barriles de petróleo por día (bpd) en julio, bajo el promedio de casi 1,5 millones de bpd que despachó en los tres meses anteriores.
Una fuente de la industria dijo que es posible que socios y clientes de PDVSA soliciten al Departamento del Tesoro de Estados Unidos una aclaratoria sobre la nueva orden, o incluso tramiten exenciones específicas para garantizar que sus actividades no sean afectadas por la regulación.
La fuente dijo que las compañías estaban preocupadas también por el posible sobrecumplimiento por parte de instituciones financieras de estas medidas, buscando no arriesgarse a sanciones al aprobar operaciones vinculadas a PDVSA, lo que complica los pagos a proveedores y contratistas y puede desacelerar aún más la actividad petrolera.
Si bien las transacciones en dólares vinculadas a PDVSA o sus empresas conjuntas siguen prohibidas, la Unión Europea no ha restringido operaciones en euros. Pero muchos bancos globales no están autorizando cuentas en euros a firmas asociadas con la petrolera o transacciones que puedan ser rastreadas. Algunos incluso han congelado dinero de la empresa en el extranjero.
“Hay pánico entre las petroleras por cómo va el gobierno de Estados Unidos a interpretar la nueva orden ejecutiva, ya que puede llevar a sanciones secundarias, no aún al nivel de Irán, pero cerca”, dijo una tercera fuente. “Es obvio que cada documento punitivo que emite el gobierno estadounidense va generando un efecto corrosivo”, agregó.
Reuters
