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Fue aprobada solicitud de adjudicación de activos de Doe Run Perú a sus acreedores laborales

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La Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP), presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), aprobó hoy, por mayoría, la solicitud de adjudicación de los activos de esta empresa, formulada por los acreedores laborales. Se trata del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza (UMC).

La sesión de Junta se realizó en cumplimiento de lo establecido en la Ley General del Sistema Concursal, siguiendo el procedimiento regulado en la Guía de Adjudicación. De esta manera, la solicitud de adjudicación de la UMC fue aprobada con el 90.13%, y el CMLO con el 90.13% de los votos a favor, respectivamente.

Conocido el resultado, el liquidador de DRP (la firma Dirección Integral y Gestión Empresarial – DIRIGE) comunicará en los próximos dos días al acreedor laboral su aprobación, así como el monto total de los conceptos preferentes a sus acreencias compensables a pagar, siendo los valores de adjudicación: US$ 70.6 millones para la UMC; y, US$ 68.7 millones para el CMLO.

El acreedor peticionario tendrá un plazo de 30 días hábiles para pagar el monto indicado y suscribir la respectiva escritura pública. Ese plazo, incluida la posible prórroga, se extenderá hasta el 15 de junio de 2018.

Cabe preciar que vencido el plazo sin que se haya cumplido con pagar el precio por la UMC o el CMLO, la adjudicación solicitada quedará sin efecto.

El presidente de la Junta invocó a los acreedores laborales a respetar el derecho al trabajo, tanto de los trabajadores del CMLO como de la UMC. En esa línea, requirió el compromiso de los solicitantes de respetar y renovar contratos a los trabajadores en caso se verifique la adjudicación el 15 de junio de 2018, toda vez que una situación distinta podría hacer inviable la continuidad de las operaciones de los activos de DRP, en especial, de la UMC. Agregó que se buscará el mejor mecanismo para que ello se concrete.

Debe destacarse que el MEM busca la reactivación del CMLO y la continuidad de las operaciones de la UMC, procurando conciliar los intereses de los acreedores al interior de la Junta de Acreedores, cumpliendo con el derecho aplicable, respetando los derechos laborales, así como cuidando la salud de la población y el medio ambiente.

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