Chile.- Conformes se mostraron los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, con las explicaciones dadas por el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán sobre el acuerdo suscrito el 17 de enero pasado, con Soquimich (SQM) por el uso del Salar de Atacama y su implicancia en la explotación del litio.
Los legisladores convocaron a la autoridad a una sesión extraordinaria, puesto que en reiteradas ocasiones se le había solicitado explayarse sobre el acuerdo, pero éste no había asistido al Congreso Nacional argumentando diversas razones.
Finalmente la cita entre los legisladores y Bitrán se llevó a cabo el lunes 29 de enero en las dependencias de la Corporación en Santiago. En la ocasión, el ejecutivo calificó como positivo el acuerdo ya que SQM podrá seguir extrayendo litio hasta el 2030, con las consiguientes utilidades para el Estado. De hecho se generarían ingresos totales del orden de los 18 millones de dólares, de los cuales 10 irían a las arcas del Fisco. A su vez, destacó que se impusieron cláusulas de control de manera de evitar que la empresa continúe cometiendo irregularidades.
Cabe consignar que en el 2013, Chile inició acciones judiciales contra SQM por graves incumplimientos de contratos, las cuales derivaron en un largo proceso arbitral bajo el actual gobierno.
Bitrán explicó que “Corfo tenía dos opciones: que el árbitro fijara a SQM una compensación de 17 millones de dólares y el litio fuera descartado o, lo que finalmente pasó, es decir, que nosotros aceptáramos la propuesta de conciliación. Así se establecen las rentas de arrendamiento y regalías más altas de la minería nacional y el desarrollo del litio continúa su curso, pensando sobre todo en la electromovilidad”.
En cuanto a la conducta de la compañía, el ejecutivo reconoció que “en SQM hay una cultura de la impunidad, por eso incluimos dos interventores, más el que puso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de mirar los temas ambientales y cualquier atisbo de corrupción. Además hicimos que el controlador perdiera su poder. Lamentablemente, la legislación nacional no nos entrega más herramientas para poner atajo a las compañías y sus prácticas irregulares”.
