Venezuela.- La minera ruso canadiense Rusoro, empresa que tenía en operación las minas de oro Las Cristinas y Brisas en el estado Bolívar, ejecutará los mecanismos necesarios para cobrarse $1.300 millones como resarcimiento por la expropiación de sus bienes y actividades en Venezuela, luego de obtenner la autorización que un tribunal de arbitraje le otorgó. En tal sentido, la compañía informó que planea emprender acciones “contra los activos venezolanos en todo el mundo”.
“Hemos contratado a Diligence, una reconocida firma internacional de recuperación de activos, y trataremos de hacer cumplir el laudo en múltiples jurisdicciones con la ayuda de King & Spalding, así como de los abogados locales. Hemos iniciado procedimientos en los tribunales de Washington, DC para obtener sentencias, estos juicios reforzarán el juicio, por el monto total de la indemnización, que Rusoro ya obtuvo en Canadá y que ahora busca reclamar en Nueva York”, notificó la empresa a través de un comunicado.
Rusoro mantuvo en operación hasta el 2011, las minas de oro de Las Cristinas y Brisas en el referido estado al Sur del país, cuando el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, le “obligó” a vender la mitad del oro extraído en moneda local al tipo de cambio oficial (Bs 4,30 por dólar) y luego expropió los activos, ofreciendo como indemnización solo el valor en libros de la empresa, se relata en el informe.
La compañía en cuestión ganó una demanda que interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi )en agosto de 2016 por $967,8 millones más intereses a la tasa LIBOR más 4%, lo que totaliza $1.300 millones.
“Nos hemos frustrado cada vez más en nuestros intentos de llegar a una solución amistosa y justa de este asunto con el Gobierno de Venezuela. Hemos tenido varias reuniones cara a cara con varios funcionarios del gobierno venezolano, incluido el Fiscal General, así como el actual y anterior Ministro de Minas, pero aún no hemos recibido una oferta de acuerdo significativo. Las propuestas que ha presentado Venezuela han sido poco realistas, particularmente a la luz de que nuestra indemnización está acumulando interés al ritmo de aproximadamente $80 millones por año”, dijo Andre Agapov, el CEO de Rusoro, en el comunicado.
Indicaron además que endurecen su postura gracias a que cerró un acuerdo de financiamiento que proporciona a la compañía hasta $7 millones “para hacer cumplir el laudo de arbitraje que se le otorgó como resultado de la expropiación ilegal de Venezuela de sus operaciones mineras en ese país”.
Esta es la tercera deuda pendiente que tiene Venezuela con empresas mineras, ya que Crystallex y Gold Reserve también reclaman el pago de indemnizaciones por expropiación. Con última se llegó a un acuerdo y el pago comenzó a darse por cuotas, mientras que con la primera también se concretó, pero las cancelaciones están retrasadas.
El esfuerzo de Rusoro podría enfrentar un desafío, según la opinión de Laina López, una abogada de inmunidad soberana extranjera del bufete Berliner, Corcoran & Rowe en Washington, citada por Redd Latam.
“Un Estado extranjero demandado en un tribunal estatal puede llevar el caso al tribunal federal”, dijo López en una entrevista telefónica. “Si Venezuela y sus consejeros capacitados se enteran de esto, supongo que solicitarán que se lo traslade a la Corte Federal, ya que están permitidos por ley. Si un soberano extranjero es un demandado en una demanda de los Estados Unidos, se rige por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA). Hay cero excepciones “.
Crystallex ya intentó en un tribunal de Nueva York el embargo de los bienes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para cobrarse la indemnización por considerar que es el “alter ego” del estado venezolano, sin embargo, el tribunal negó esa posibilidad, indica la información.
El Universal (Venezuela)
