Unos US$1.299 millones habría de inversión minera en cuatro años, tras la primera fase de las concesiones mineras (subasta remate) dada entre fines de 2016 y 2017. La cifra es producto de entregar 275 concesiones que suman 1’054.433 hectáreas en manos de 33 empresas que están domiciliadas en Ecuador, pero que en su mayoría vienen de Australia, Canadá y EE.UU., también hay ecuatorianas.
El 98% de esa inversión lo han comprometido 17 de esas empresas que han obtenido el 88,1% del territorio entregado y el 84% de las concesiones. Las que más concesiones y áreas han recibido son de Australia.
El subsecretario de Minería Industrial, Henry Troya, dice que el proceso sobrepasó las expectativas, pues se había pensado que al 2016 podría lograrse compromisos de inversión por US$600 millones. Y al momento duplican la meta.
Para Troya hay al menos tres factores para el gran interés: la confianza dada a las empresas internacionales, la firma con Lundin Gold, y la política de mayor apertura al tema minero, también ayudó. Otro tema ha sido el descubrimiento de la potencialidad del yacimiento de Cascabeles, mientras que en países como Chile y Perú, ya se han explotado los minerales de manera importante y por ello buscan nuevas opciones.
Sin embargo, para el 2018 el plan es bajar el acelerador de las concesiones mineras, comenta el subsecretario. Ese freno se da en medio de la polémica que han generado grupos indígenas que consideran que las últimas concesiones han generado monopolios y especulación.
Yaku Pérez Guartambel asegura que les preocupa que al menos un millón de hectáreas concesionadas están en territorio indígena, y 700.000 de ellas en bosques y vegetación protectora. Les llama la atención que una persona haya accedido a al menos 103.000 hectáreas con unas 25 concesiones. Este tema será presentado ante la Contraloría.
Troya afirma que las empresas no pueden entrar a exploración inicial ni otro proceso mientras no hayan cumplido con tener certificado del Ministerio del Ambiente; otro de Senagua y contar con la consulta previa. Agrega que las 275 consultas previas que se harán por cada concesión servirán para socializar con las comunidades sus derechos, y también para que tengan claro que las consultas no son vinculantes ni existe derecho a veto. En las próximas semanas se entregará un reglamento para hacer la consulta.
Sobre el tema especulativo, Troya indica que antes de tener la alerta de la Conaie, el ministro de Minería, Javier Córdova, ya habló con la industria y les explicó que iban a cambiar ciertos parámetros, en los cuales se han detectado errores al momento de la concesión.
Explica que ha habido ciertas empresas que, con base en su importante posición económica, han entregado compromisos de inversión altísimos, pero estas pueden tener el riesgo de que sirvan para tener la tierra sin avanzar en los proyectos, como un proceso de ganancia en bolsa, que es parte del juego especulativo. Sin embargo, esto no le conviene al país.
Ecuador buscará endurecer las consecuencias en caso de que las empresas no cumplan con los compromisos de inversión. La única sanción actual es devolver la concesión.
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