El Poder Ejecutivo busca reforzar la formalización de mineros, y ha visto por conveniente la conformación de un equipo interinstitucional que los acompañará en este proceso, monitoreando los avances y el cumplimiento de compromisos asumidos. Además, ha puesto información relevante a disposición de los interesados en torno a las tecnologías limpias y alternativas al uso del mercurio, para asegurar la estabilidad del ecosistema y la protección del patrimonio cultural de las comunidades nativas.
Es importante luchar contra la minería ilegal por varios motivos. Un primer problema es el enorme daño que genera a la naturaleza: la deforestación actual llega a 77,000 hectáreas, nivel que se ha reducido gracias a un control mayor de las dragas que destruyen el curso de los ríos, alteran la biodiversidad y contaminan el agua y la tierra.
Además, un estudio realizado por el exministro del Ambiente Antonio Brack calculó que hasta el 2012 se utilizaron entre 26,000 y 36,000 kilogramos de mercurio, en perjuicio del suelo porque destruye cualquier posibilidad de regeneración natural del bosque. Un segundo motivo es que crea una estructura económica paralela que evade impuestos. Conforme a la Unidad de Inteligencia Financiera, entre el 2007 y el 2014, la minería ilegal ganó cerca de 3,500 millones de dólares en el Perú sin pagar tributos al fisco.
Y, en tercer lugar, esta actividad acarrea graves consecuencias sociales ya que alrededor de las minas se concentran trabajadores que son explotados, sin ningún tipo de control y carentes de derechos laborales, además de registrarse impunemente ilícitos penales como la trata de personas, el comercio sexual y la explotación laboral infantil. Además, si el Perú no supera la minería ilegal, tendrá dificultades para acceder a instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es cierto que los efectos e impactos de la formalización minera han sido notables en años recientes, pero también es importante que se regulen las condiciones y términos para este proceso, lo cual implica necesariamente superar la encrucijada de cómo hacer que los mineros informales accedan a las concesiones mineras y terrenos de terceros sin vulnerar el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
Resultará imperativo, por tanto, que toda estrategia de formalización minera siga considerando como primer paso la acreditación de estos dos derechos, a fin de identificar claramente quiénes tienen opción a formalizarse y quiénes pasarán, indefectiblemente, a la ilegalidad.
El Peruano
