Perú.- Los gremios de pequeños mineros y mineros artesanales como Fenamarpe, Sonamipe, Cenami, las cooperativas de Puno, los concesionarios de Huánuco, además de la Federación Minera de Madre de Dios, decidieron recurrir al Congreso de la República para que corrija los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, especialmente los que consideran a la minería ilegal como supuesto de organización criminal.
Este acuerdo fue tomado en el marco del fórum “Minería, Formalización y Sostenibilidad” organizado por la congresista fujimorista Yesenia Ponce, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas.
Los dirigentes advirtieron al gobierno que de mantenerse la prohibición total de la actividad minera en ríos y lagos, se incrementará la minería ilegal y la contaminación ambiental, convirtiéndose en caldo de cultivo para la corrupción en las entidades públicas que controlan el uso de combustibles y otros insumos que se suele utilizar en esta actividad. Entre las entidades públicas señalaron a la Policía Nacional, Sunat, Marina de Guerra y Osinergmin.
El presidente de Federación Minera de Madre de Dios, Tomás Díaz Alcántara, manifestó que la prohibición de la minería aluvial está vigente desde el año 2012 y en los seis años transcurridos los resultados han sido negativos.
“Esta ley responde a los dogmas de la burocracia del ministerio del Ambiente, está lejos de la realidad de la vida cotidiana de miles de peruanos, y terminará siendo papel mojado en tinta mientras se desperdicia una nueva oportunidad para ordenar y formalizar a los mineros aluviales con derechos otorgados por el Estado (concesionarios)”, aseveró el dirigente.
Refirió que su gremio propuso alternativas para viabilizar este tipo de minería, las mismas que están referidas a la limitación del número de equipos por concesión al igual que la potencia y capacidad de los equipos. También plantearon el procesamiento final del mineral fuera del curso de agua, a lo que agregaron sanciones drásticas por el incumplimiento.
En opinión de Díaz Alcántara, así se establecería un control real de la actividad, convirtiendo al minero titular de la concesión en aliado del Estado para controlar la minería aluvial. Sin embargo, lamentó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no escuche a los gremios. Adelantó que en los próximos días coordinarán medidas de protesta a nivel nacional.
La República
