Colombia.- La noticia de que el Banco Mundial retira su financiación del proyecto minero Angostura, en el páramo de Santurbán (Santander), es la de una victoria tras cuatro años de presión pública por parte de colectivos de defensa del medio ambiente. Pero esta decisión es también un respaldo a quienes insisten en la ilegalidad de la minería en los páramos colombianos. Una ilegalidad establecida por la Corte Constitucional pero que es incumplida, según denunciaba este mismo año Greenpeace.
El proyecto minero Angostura, a cargo de Eco Oro, está ubicado en el páramo de Santurbán, un ecosistema de alta montaña que provee de agua a millones de personas en el país. La empresa quería desarrollar aquí un proyecto de 12,6 millones de onzas de oro.
En 2012 varias asociaciones ambientales, entre las que se encuentran el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el Centro para el Desarrollo Ambiental Internacional o la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron una queja ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento del Banco Mundial. Este organismo concluyó que el proyecto minero no tuvo en cuenta los impactos sociales y ambientales -se ponía en riesgo a unos dos millones personas- por lo que contravenía la política interna de la institución. Ahora, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial para el sector privado, decide retirar su inversión. La entidad era dueña de un 10% de las acciones.
Este martes, tras hacerse pública la retirada del Banco Mundial, Carlos Lozano Acosta, miembro de la AIDA, planteaba que esta salida “es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán” y le recordaba al Gobierno que “debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos, que es ilegal”.
Es ilegal porque hay una sentencia de la Conste Constitucional de este mismo año que declara inconstitucional un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía a los proyectos de minería e hidrocarburos con licencias antiguas seguir operando en los páramos hasta la terminación de los permisos y sin posibilidades de una prórroga. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalecía el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales. Con su resolución la Sala acababa con las llamadas ‘licencias ambientales express’ y establecía que es el Congreso de la República el que debe limitar la figura de “utilidad pública” de los proyectos estratégicos. Ese Plan de Desarrollo 2014-2018 contempla a la minería y los hidrocarburos como motor económico del país.
El pasado mes de mayo, Greenpeace denunció que Colombia no está cumpliendo con esa sentencia. Desde el 2013, Greenpeace ha alertado de la grave situación de los páramos y de que se otorgan licencias ambientales a compañías mineras de manera irregular, que los proyectos ambientales están generando contaminación en las fuentes de agua y que las autoridades no asumen sus responsabilidades.
Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila, Nariño, Cauca, Putumayo y Antioquia acogen los páramos colombianos que aportan el 70% del agua para el consumo humano.
Tras conocerse la retirada del Banco Mundial del proyecto de Santurbán, Alix Mancilla, representante del Comité, ha pedido al Gobierno colombiano que se abstenga de otorgar licencias ambientales a cualquier proyecto minero en este páramo. A juicio de Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental, la decisión del Banco Mundial “fortalece el derecho del Estado Colombiano para legislar sobre el interés público y proteger su agua”.
Ante las decisiones adoptadas por Colombia para proteger sus páramos, la empresa Eco Oro ha iniciado una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que también pertenece al Banco Mundial. Eco Oro Minerals (conocida como Greystar Resources hasta el año 2007) es una empresa constituida en Canadá, dedicada a la exploración y desarrollo de metales preciosos. Desde 1994 hace presencia en Colombia. Su joya de la corona es el Proyecto Angostura sobre el que se otorgaron 8 títulos mineros para u área total de 30 mil hectáreas.
“El interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana. Con el retiro, la CFI no solo libera al Banco Mundial de un claro conflicto de interés, sino que también resalta la existencia de proyectos mineros desacertados en el páramo colombiano, así como la ilegitimidad de esta demanda”, agregó García Zendejas.
En la sentencia del pasado mes de febrero, la Conste Constitucional consideró que en ningún caso se puede permitir la minería y la explotación de petróleo en zonas de páramos, porque podría ocasionar daños ambientales que llegarían a ser irreversibles. Cualquier Proyecto de Interés Nacional Estratégico deberá primar la consulta a las autoridades locales, y el permiso no lo debe entregar la ANLA (la Agencia Nacional de Licencias Ambientales), sino las Corporaciones Autónomas Territoriales (CAR).
Según el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, en áreas del páramo de Santurbán había en 2013 un total de 29 títulos mineros.
Colombia Plural
