Tres proyectos de ley (uno del Gobierno Nacional y dos de origen parlamentario) en manos del Congreso de la República buscan endurecer las penas y sanciones para quienes adelantan proyectos mineros no legales, y más cuando el fin de la extracción es para financiar acciones de grupos armados al margen de la ley.
En el caso del proyecto del Gobierno Nacional, la redacción del articulado corrió por cuenta de los ministerios de Defensa, Minas y Energía y Medio Ambiente, y cuyo contenido no solo contempla fortalecer los operativos para detenciones, decomisos o destrucción de maquinaria, con multas superiores a los 5.000 salarios mínimos, sino además, ofrece el programa de formalización minera.
En materia penal, el proyecto del Gobierno Nacional reformaría el Código Penal, el cual consagra el delito por el aprovechamiento ilícito de minerales. “Estas acciones criminalizan conductas que actualmente resultarían impunes y que, sin embargo, causan un gran impacto al bien jurídico”, señala el Ejecutivo en el texto.
A renglón seguido precisa el contenido del proyecto que la pena sería aún mayor “para el delito de financiación del terrorismo, cuando es fruto de actividades de minería ilegal”.
Además, se incluirían los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, así como delitos base del lavado de activos, y se agravaría la pena para los de receptación, cuando la conducta sea ejecutada sobre minerales extraídos ilícitamente.
También, se habilitaría la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para los casos de exploración o explotación ilícita de minerales.
De igual forma, se le otorgarían más competencias a la Policía Nacional para suspender actividades de exploración o explotación minera sin título y el registro para los contratos de operación minera.
Iniciativa parlamentaria
Los dos proyectos de origen legislativo fueron radicados por el senador Juan Diego Gómez Jiménez y por la bancada del Centro Democrático, respectivamente.
La iniciativa presentada por el Centro Democrático pretende aumentar en una tercera parte la pena cuando la actividad extractiva ilegal afecte gravemente los recursos naturales.
Pero se incrementaría de una tercera parte a la mitad cuando la destrucción parcial o total de un ecosistema se realice con fines terroristas.
“Tras el estudio de los antecedentes citados en la lucha contra la minería ilegal, se hace necesario modificar diferentes normas (Código Penal) así como crear nuevas instituciones que no generen mayor carga burocrática ni un impacto fiscal desmedido. Esto, para lograr mayor coordinación de las diferentes entidades llamadas a combatir la extracción ilícita de minerales en el país”, señala uno de los apartes del texto.
En el mismo sentido, el proyecto de ley del senador Gómez Jiménez pide aumentar de entre una tercera parte y hasta la mitad, toda actividad ilícita minera que tenga como fina la financiación de actos terroristas.
“La iniciativa pretende fortalecer las sanciones en el ámbito penal y ambiental. En el país se viene presentando de forma continua la explotación ilícita de yacimientos, y el índice ha alcanzado niveles hasta del 63% sin tener mecanismos eficaces que detengan esta actividad”, señala el senador Gómez Jiménez.
Por su parte, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), destaca los citados proyectos de ley a los que se debe acelerar su curso legislativo “con el fin de incrementar las penas para evitar la posibilidad de excarcelación de los delitos relacionados con la extracción ilícita de minerales”.
Muy Bien lo que hace Colombia endurecer las leyes sobre muy minería ,.Acá en Chile están muy mal las leyes mineras hay personas que ponen palos blancos para mantener las minas en exploraciones, y esto lo hacen para puro negocio , y no dejan trabajar al minero artesanal