La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), exigió ayer al Órgano Ejecutivo no ceder al pedido de los cooperativistas mineros, que exigen la potestad de firmar contratos de asociación con empresas privadas, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo denunció que detrás de las cooperativas que rechazan la sindicalización de sus trabajadores se amparan “grandes gamonales” de la minería en Bolivia, que vulneran derechos laborales y la CPE.

El secretario general de la FSTMB, Richard Calisaya, a tiempo de cuestionar las movilizaciones del sector cooperativista en demanda de un pliego de 10 puntos, entre ellos que se prohíba la sindicalización al interior de las cooperativas, advirtió que su sector no permitirá que se modifiquen artículos de la Ley Minera, porque es una norma consensuada entre todos los actores involucrados en la minería boliviana.

“Lo que nosotros queremos es expresar claramente que no existan ciudadano de primera ni de segunda ni de tercera, se tiene que respetar la Constitución Política del Estado y no puede haber vulneración a los artículos de la CPE. No vamos a permitir (cambios a la Ley Minera) ni que se sigan haciendo como lo hicieron en épocas neoliberales”, puntualizó.

Según el dirigente, los mineros asalariados enviaron una carta al Ministerio de Minería, en la que expresan cuatro resoluciones del sector, la primera anular todos los contratos de arrendamiento con los que se beneficiaron los cooperativistas en épocas neoliberales.

Agregó que el segundo punto que exigen los mineros asalariados es la promulgación inmediata de la Ley de Sindicalización de los Trabajadores Dependientes de las Cooperativas Mineras, “que al calor de las leyes neoliberales hasta este momento han sido despojados de los derechos sociales, como el derecho a la sindicalización, salud, jubilación y aguinaldo, entre otros”.

Calizaya complementó que “en el caso nuestro, los mineros asalariados, se sabe cuál es el aporte al erario nacional, en cambio ellos (cooperativistas) no se saben cuánto aportan. (Muchos) de ellos son empresarios, y son grandes empresarios, gamonales de la minería que siguen como en la época colonial con la explotación del hombre por el hombre, y eso no lo podemos aceptar”, acotó.

“Ellos dicen que son más de 150 mil cooperativistas, pero cuando revisamos la lista de los que tienen seguro de salud, sólo 3.000 reciben atención en la Caja Nacional de Salud, eso muestra cómo la gran mayoría de los trabajadores no tiene acceso a la salud y esa es otra violación de sus derechos”, expresó.

Calisaya dijo que los cooperativistas no “tienen alma de esclavos” pero que necesitan trabajar, y son los grandes capitalistas dueños de minas y de arrendamientos quienes los explotan.

El dirigente explicó que de promulgarse la Ley General de Cooperativas, que permite la sindicalización, los trabajadores deberán organizarse al interior de las cooperativas y afiliarse a la Central Obrera Boliviana (COB).

Calizaya remarcó que su sector exige al Gobierno instruir a todas las dependencias estatales no ceder “ni un solo milímetro de territorio nacional” a las cooperativas mineras, bajo ningún pretexto; y el cuarto punto de sus pedidos es la expulsión de los cooperativistas del directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

“Hemos mandado una nota con esos cuatro puntos fundamentales al Ministerio de Minería para que se respete. Nosotros no somos responsables del conflicto de los cooperativistas, pero queremos dejar en claro nuestra posición”, concluyó.

Jornada net

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