Colombia.- Pese a las bondades de la “ronda minera” como nuevo procedimiento para implementar los proyectos de extracción, la Defensoría del Pueblo considera fundamental garantizar el derecho a la consulta previa de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento a la regulación de los procesos de selección objetiva sobre asuntos de minería e industria extractiva, esto tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin valor y efecto las resoluciones de las autoridades nacionales mineras mediante las cuales se delimitaron áreas estratégicas mineras, por haber vulnerado el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas y comunidades negras afectadas.
Mediante la sentencia T-766 de 2015 la Corte dejó claro que el Estado debe adelantar procesos de consulta previa antes de delimitar los territorios que serán concesionados para la explotación minera mediante el nuevo procedimiento de selección objetiva o “ronda minera”. La delimitación de áreas estratégicas mineras sobre territorios de pueblos indígenas y comunidades negras genera una afectación directa sobre estos grupos que crea el deber de consultarlos previamente.
La Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales contribuyó la acción de tutela interpuesta por la ONG Tierra Digna que dio lugar a esta sentencia. El órgano de control para los derechos humanos resaltó que la delimitación de áreas estratégicas mineras no es una ‘mera expectativa’ de titulación minera sino que impone un uso específico de los suelos que los destina a actividades extractivas. Además, sostuvo que un proceso de consulta realizado por agentes privados con posterioridad a la “ronda minera” o selección objetiva, haría perder el carácter previo de la misma y vulneraría otros derechos como los territorios colectivos y la identidad cultural de los pueblos.
La Defensoría del Pueblo considera necesario fortalecer la participación de la ciudadanía y de los grupos étnicos sobre asuntos relacionados con la industria minera y extractiva que puedan afectarlos. Por esta razón, solicitó a la Corte Constitucional que atendiera las pretensiones de las demandantes y suspendiera los efectos de las resoluciones que delimitaron más del 20% del territorio nacional como áreas estratégicas para la realización de actividades mineras sin haber agotado procesos de consulta previa.
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