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Industria prevé el cierre definitivo de la minería del carbón en 2018

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España.- Es la fecha que marca el cierre de las minas de carbón y parece que ya no hay vuelta atrás. Las cuencas mineras españolas llevan años trabajando en un frente común que revierta la Decisión que por mayoría de los estados miembros se tomó en la Unión Europea en 2010 pero, atendiendo a las últimas novedades, los esfuerzos hechos hasta ahora no van a dar los frutos deseados.

La posición de los responsables del Ministerio de Industria tampoco ayuda. Ayer, el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Víctor Audera, se refirió así a la minería del carbón en una jornada de difusión de instrumentos de apoyo financiero del Ministerio de Industria en la Cámara de Comercio de Teruel. «La minería del carbón ha dejado de ser competitiva y creo que ese dinero que se está invirtiendo en mantener artificial o pseudoartificialmente un sector que no tira, es mejor invertido en oportunidades de desarrollo alternativo, por la vía de la agroindustria, automoción y turismo», declaró. Inmediatamente después, el subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, corrigió las declaraciones de Audera. «El Gobierno está intentando solucionar los plazos (2018) con la mejor garantía para la minería en la provincia y la que sea productiva, llevarla adelante. Las minas de Ariño, efectivamente son productivas», dijo.

La minería bajoaragonesa ha defendido la rentabilidad de sus minas, la capacidad de las empresas mineras de poder continuar la actividad sin ayudas (pero sin tener que devolverlas) después de 2018, la viabilidad de la Central de Andorra y el futuro del cielo abierto con nuevas explotaciones previstas. Sin embargo, las perspectivas de futuro no son halagüeñas. Endesa no toma una decisión definitiva sobre la inversión de 230 millones que necesita la Central Térmica de Andorra para alargar su vida útil; la compra de carbón a las empresas se ha reducido a las 30.000 toneladas durante estos primeros meses del año -lo que ha provocado una treintena de despidos-; y el Gobierno Central no está cumpliendo puntos claves del Plan del Carbón 2013-2018 como que se establezca un hueco térmico mínimo del 7,5% en el Mix Energético para la energía que se produce con carbón. Tampoco los programas de reindustrialización han sido capaces de absorber todos los empleos que ha ido perdiendo el sector en los últimos 20 años (4.000 en toda la provincia).

La situación es crítica y el sector asegura que está viviendo su último «aliento». Alcaldes, trabajadores y empresarios reivindican una política energética estable que contemple el carbón como reserva estratégica y piden al Ministerio de Industria que cumpla con los compromisos adquiridos. Por otra parte, para PP y PSOE la defensa del sector de la minería se ha convertido en uno de los puntos principales en estos días de precampaña y así lo manifestaron ayer los parlametntarios en sendas ruedas de prensa para hacer balance de la que ha sido la legislatura más corta de la democracia.

El Partido Popular asegura que está «haciendo lo imposible» por garantizar la actividad y echa la culpa al gobierno de Rodríguez Zapatero de poner una fecha de cierre al carbón. «La Decisión del cierre en 2018 se tomó en Europa cuando gobernaba Zapatero y, de aquellos barros, estos lodos», dijo ayer el diputado popular en Madrid, Manuel Blasco, tras una rueda de prensa en Alcañiz para hacer balance de legislatura y, dentro del mismo, defender el preacuerdo con Bruselas que ha presentado esta semana el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a sindicatos y patronal.

Este preacuerdo recoge un incremento en las ayudas a las empresas mineras que siguen extrayendo carbón de 10 euros por tonelada hasta 2018. El documento también deja claro, tal y como ya estaba establecido en la Decisión de 2010, que las empresas que deseen continuar con la extracción de carbón después del 31 de diciembre de 2018 tendrían que devolver todas las ayudas percibidas desde 2010. En ese sentido, Industria ha reconocido que Sáenz de Santamaría se equivocó el viernes pasado al anunciar que no se tendrían que devolver las ayudas.

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