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Minería para la paz

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Minería para la paz
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Colombia.- El fin común de un desarrollo planeado y regulado de una industria que esta llamada a ser el jalonadora de progreso en algunas regiones del país, debe comprometer a la articulación institucional de entidades nacionales, regionales y locales.
La dinámica que ha presentado en las últimas semanas el proceso de negociación con las Farc nos lleva a confiar que este concluya satisfactoriamente en los próximos meses, tal como lo ha manifestado nuestro presidente Juan Manuel Santos. Este acuerdo de paz tendrá grandes impactos en el sector minero, en especial sobre lo que puede suceder –o lo que el país quiere que suceda– en aquellos territorios con importantes oportunidades geológicas para la minería y que históricamente han tenido influencia de ese grupo armado.

PRESENCIA EN TERRITORIO

Esa presencia activa e intimidatoria de grupos armados, ha generado dos problemáticas: ha dificultado y, en algunos casos, imposibilitado la entrada de empresas mineras formales a esas zonas; ha originado la promoción y participación de esos grupos en actividades mineras no legales

La minería ilegal tiene una alta presencia en el territorio colombiano, según la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), afecta a cerca de 307 municipios y existe en algunas regiones del país una alta correlación entre minería no legal y grupos armados, tal como lo han evidenciado entidades públicas, organismos de control, organizaciones civiles y medios de comunicación

La extracción ilícita de minerales es uno de los graves problemas en el territorio: genera grandes pasivos ambientales, no promueve el trabajo formal, no tiene planeación técnica, es evasora fiscal y crea grandes círculos de informalidad alrededor de la actividad: casi todo termina siendo informal.

MINERÍA EN POSCONFLICTO

Por sus características, la industria minera será uno de los grandes actores en el posconflicto: es básicamente rural, generadora de empleo formal, es de largo plazo, impulsa importantes encadenamientos, aporta a la infraestructura, dinamiza otros sectores productivos regionales y es una actividad tradicional en un número importante de municipios del país. Por lo tanto, cuando estos territorios estén libres de la presencia o influencia de presiones armadas, se debería garantizar un proceso definitivo de legalización y formalización minera, así como promover que empresas formales inicien o retomen actividades de exploración o producción.

La legalidad de todas las operaciones mineras en el territorio, garantizará, que a través de una adecuada fiscalización de las entidades competentes y de la misma comunidad, estas cumplan con la normatividad ambiental, laboral, técnica y fiscal, así como un aprovechamiento adecuado de los recursos mineros.

Para que esta gran cantidad de unidades productivas mineras (9.041, según el Censo Minero Departamental 2010-2011) entren en el camino de la legalidad y formalización, es necesario considerar:

1. No todo es legalizable: operaciones que se adelantan en zonas restringidas, que no cumplan con los mínimos técnicos para garantizar la seguridad de sus trabajadores, o que el cumplimiento de todas las obligaciones no les permita viabilidad económica, NO deben ser legalizadas.

2. Pasivos ambientales: capacitando a mineros que no pudieron ser legalizados y con recursos privados y públicos se deben impulsar actividades de recuperación de suelos, donde se adelantaron actividades mineras, buscando que estos sirvan para actividades productivas, recreativas o de conservación, tal como lo realiza la minería responsable en diferentes regiones del país.

3. Presión social: es necesario que las ‘fuerzas vivas’ de estos territorios cierren filas contra esta economía ilegal. Que los sectores políticos, económicos y sociales influyan en aquellos que persisten en la ilegalidad. En el país tenemos casos de éxito de lo logrado con presión social.

4. Asociatividad: es muy difícil que la microminería individual logre cumplir con los estándares ambientales, técnicos, laborales y sociales que exigen las comunidades y la actual normatividad. La suma de capital humano, técnico y financiero de varias pequeñas operaciones asociadas, seguro podrá lograr esta viabilidad. La asociatividad es la fórmula para la competitividad de la pequeña minería.

5. Género y juventud: por su visión y un mayor compromiso con el futuro, la mujer y los jóvenes son actores importantes en este proceso de legalización y formalización.

6. Unión: es necesaria una real unión del sector minero, sin diferenciar tamaño, fase productiva, ni tipo de mineral. La minería incluyente que vienen promoviendo importantes empresas en el país debe ser una constante en estas regiones. Unir esfuerzos en la defensa de una industria legal, es condición para consolidar la minería en territorio.

7. Geología: la exploración y el conocimiento geológico son base para un adecuado planeamiento minero. Es clave que se puedan destinar recursos públicos para el conocimiento científico del subsuelo y entregar esta información a asociaciones de pequeños mineros para que estos logren una acertada planeación de sus trabajos.

8. Articulación con otros sectores: no se puede permitir que la minería siga siendo un pretexto para generar conflicto. Un debido diálogo técnico, directo y franco con otros ramos productivos locales generará mayor confianza y permitirá demostrar, como sucede en muchos municipios de Colombia, (por no citar casos internacionales) que la agricultura, la ganadería, el turismo, el comercio, entre otros, conviven con la minería, siendo esta una aliada más en la construcción conjunta de un mejor futuro local.

9. Articulación pública: una debida articulación de todas las instancias del Estado, en especial las ambientales, mineras y sociales, es básica para lograr ese objetivo. El fin común de un desarrollo planeado y regulado de una industria que está llamada a ser el jalonadora de desarrollo en algunas regiones del país, debe comprometer a la articulación institucional de entidades nacionales, regionales y locales.

Durante los últimos años hemos oído desde diferentes instancias que la minería ilegal viene financiando el conflicto. Llegó la hora que al igual que lo viene haciendo la minería formal, esta, luego de un proceso de reconversión, sea uno de los grandes financiadores de la paz.

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