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Las comarcas mineras denuncian que recurren al plan de proveedores por los impagos del Gobierno central

El presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom) y alcalde de Laviana, Adrián Barbón, ha alertado de que son muchos los ayuntamientos de mineros de toda España que están recurriendo al Plan de Pago a Proveedores para saldar sus deudas provocadas por el impago de fondos mineros del Gobierno central, en el caso de proyectos que ya han sido ejecutados.

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El “cumplimiento de los compromisos del Gobierno central” ha sido una de las demandas formuladas en el Comité. Barbón ha recordado que el Estado debe “mucho dinero” a los ayuntamientos, en referencia a las sentencias que le obliga a pagar los fondos de los convenios. Recuerda que muchos de ellos han ejecutado proyectos de reactivación ligados a fondos mineros, y se encuentran en “situación precaria” por impagos. Entre ellos, ha citado los asturianos de Tineo y Aller, pero ha asegurado que son “muchos más”. De hecho, uno de los acuerdos adoptados este jueves por Acom ha sido estudiar la interposición de posibles denuncias ante el “incumplimiento” de las sentencias.

Además, desde la asociación exigen al Ejecutivo central que “dé una respuesta inmediata a la situación de consumo de carbón nacional”, tras la finalización el 31 de diciembre de 2014 del Real Decreto que garantizaba el suministro. “No se ha articulado ningún proyecto que permita dar una solución, y el carbón se produce pero las térmicas no lo consumen”, ha criticado Barbón que ha añadido que “se ha establecido una situación de inestabilidad jurídica”, ante la que “las térmicas contratan ese consumo de carbón nacional en plazos muy cortos, y es imposible planificar la actividad empresarial”.

El alcalde de Laviana ha advertido que los concejos mineros no están preparados para el potencial cierre de la actividad minera a partir del 31 de diciembre de 2018, y ha dejado bien claro que la intención de Acom es “dar la batalla más allá” de esta fecha. Dos de las demandas que se plantean desde la asociación son la modificación de ese plazo en la decisión europea 787 para el fin de las ayudas, y la supresión del punto que obliga a las empresas que alcancen la rentabilidad a devolver las subvenciones recibidas. No obstante, Barbón considera que “para hablar de más allá de 2018 hay que llegar a 2018”, motivo por el que cree urgente solucionar el problema de la garantía de suministro.

Asturias 24

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