Perú.- El proyecto de cobre Tía María, de la empresa Southern Copper, cuenta con el permiso ambiental pero no aún no con el permiso de construcción, dado los últimos acontecimientos en la zona de Islay, Arequipa, en donde un gran grupo de la población se opone al plan minero de 1,400 millones de dólares.
No obstante, a un año de que acabe el gobierno de Ollanta Humala, la ministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz cree que será testigo de un logro del que muchos dudan antes de que culmine el mandato de esta administración: un acuerdo entre la población de Islay y la empresa minera del Grupo México, muy cuestionado en su país por haber contaminado un río allá; un acuerdo que posibilite la futura construcción de la mina Tía María.
“No perdemos el optimismo de que este proyecto se pueda llevar a cabo en este gobierno; no me refiero a la construcción en sí, pero sí al avance del proyecto”, declaró en diálogo con Canal N.
La zona de Islay, cuya población se dedica a la agricultura en su mayoría, fue declarada en emergencia por el Estado peruano, luego que protestas iniciadas en marzo último costaran la vida de al menos cinco personas, entre civiles y policías.
Los disturbios obligaron al presidente Ollanta Humala a dar un mensaje al país, en el que dijo que el Estado peruano respetaba los acuerdos y que apelaba a Southern para que corrigiera las cosas.
Minutos después, la máxima autoridad de Southern, desde México, envió un comunicado a las salas de redacción. En mayo, Óscar González Rocha dijo que la empresa se tomaría “una pausa” de sesenta días, plazo que ya se ha cumplido.
Los pobladores de Islay temen que el proyecto minero contamine las aguas del río Tambo, esencial para la economía bucólica de la zona. Southern, no obstante, se ha comprometido a no usar ni una gota del río sino construir una planta desaladora para aprovechar el agua de mar.
La desconfianza contra la empresa Southern, que opera las minas de cobre Cuajone y Toquepala también en el Perú, no son recientes. Hace unos años, durante el segundo gobierno de Alan García, el documento de su primer estudio de impacto ambiental, que no contaba con el compromiso de construir la planta desaladora, fue observado por una institución de Naciones Unidas.
El asunto ha sido corregido con este nuevo estudio ambiental. No obstante, la empresa ha perdido la confianza de la población circundante al proyecto, confianza que quizá alguna vez tuvo.
Agencias
