“Salvemos Salvador” ha sido la consigna que tanto ejecutivos como trabajadores de planta de Codelco han manifestado en los últimos días.
Es que la división ubicada en Atacama es la más complicada de la minera estatal, desde que los trabajadores contratistas agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), iniciaron la toma de las instalaciones el pasado martes 21 de julio.
A los rumores de un posible cierre del yacimiento, ahora se suma la posibilidad de colapso en una de las instalaciones más relevantes de la mina: el sector Inca Extensión Sur (IES), en la operación subterránea de Salvador.
Impacto en plan minero
En esta zona es donde existe la mejor ley de mineral de la operación y es conocida como la que permitiría mantener los niveles de producción, mientras la administración avanza en los estudios de pre-factibilidad para dar el vamos al proyecto Rajo Inca y que permitirá extender la vida útil del yacimiento. Esta iniciativa forma parte de los llamados proyectos estructurales de Codelco.
En esta zona se estaban realizando trabajos para reparar las galerías y pilares de la mina, pero dado que ningún trabajador de la compañía ha podido ingresar a las instalaciones, las labores no han continuado.
De acuerdo a un comunicado interno de la división, se señala que si Inca Extensión Sur no es monitoreado y no se retoma prontamente su reparación, “el riesgo es que en el corto plazo exista un colapso”. Esto podría generar una pérdida, cuantifica el documento, de 17 millones de toneladas de mineral por día. “De ocurrir un colapso del sector IES, además de las pérdidas económicas por la inversión que se ha realizado en ese sector, será necesario repensar el negocio minero y su viabilidad, debido a que no existe mineral de reposición que pueda reemplazar esta pérdida, lo que implica acortar en tres años la continuidad de la mina subterránea, a fines del año 2017”, indica el comunicado interno.
Descuentos a contratistas
Ayer las movilizaciones retomaron la violencia, luego de que Codelco cerrara nuevamente la puerta a establecer una mesa de negociación con los dirigentes de la CTC y las empresas mandantes. En la mañana, los manifestantes quemaron un busque le prestaba servicios a la división El Teniente, de Codelco.
La imagen era similar a la vivida el 25 de junio de 2007, cuando los trabajadores tercerizados, liderados por ese entonces, por Cristian Cuevas, ex presidente de la CTC, también se tomaron las rutas y quemaron ocho buses, afectando a la misma división de la minera.
A la fecha, la estatal acumula pérdidas por US$ 270 millones, mucho más de los US$ 255 millones que a fines de junio el gobierno autorizó para capitalizar la empresa.
Pero ayer también los enfrentamientos se dieron entre los trabajadores de la estatal. Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -trabajadores de planta de Codelco– y director de la estatal, salió a la cancha y denunció la forma en que la CTC obtiene sus recursos. Se trata de descuentos de $ 10.000 y $ 30 mil anuales que los dirigentes tercerizados pactan con sus socios, luego de recibir los bonos pactados. Esta política se aplicó entre 2011 y 2014, acumulando beneficios por US$ 4,2 millones, siendo la CTC la que mayor descuento hace: US$ 3,8 millones (ver infografía).
“Hay organizaciones que han llenado sus arcas sindicales (…) Cuando reciben el bono, a cada trabajador se les hace un descuento con respecto al acuerdo recibido, son US$ 5 millones”, dijo Espinoza.
