La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Cámara Minera de México (CAMIMEX) acordaron suscribir un convenio para realizar de manera conjunta la revisión del Sistema Informático de Sitios Contaminados (Sisco).
Ante representantes de las principales empresas mineras del país, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, manifestó que es necesario un trabajo más cercano entre la autoridad y la industria minera, desde la exploración hasta el cierre de sus operaciones.
Por lo anterior propuso desarrollar una agenda de trabajo que incluya las visitas de verificación ambiental a todas las operaciones mineras antes de que termine 2015 y la inclusión creciente de instalaciones mineras en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Profepa.
Además explicó que dicho convenio buscará la atención de los pasivos mineros existentes en el país, así como el reforzamiento de actividades diversas de responsabilidad ambiental como el manejo de Unidades de Manejo Ambiental.
Haro Bélchez subrayó que “es urgente estimular la participación de esa industria en los programas voluntarios que en materia de auditoría ambiental lleva a cabo la Profepa, toda vez que apenas 70 instalaciones mineras forman parte del Programa Nacional de Auditoría Ambiental”.
En el marco de una reunión de trabajo con dicha agrupación industrial, informó que en México existen cerca de 650 grandes pasivos ambientales en diversos estados, por lo que es necesario confirmar, definir y delimitar responsabilidades para conseguir su remediación.
Al respecto, el funcionario recordó que una de las metas de la actual administración federal es implementar programas de caracterización y remediación de por lo menos una veintena de los principales pasivos ambientales históricos en país.
El titular de la Profepa refirió que al mes de abril pasado se inspeccionaron un total de 899 de las mil 252 minas formalmente registradas, y será en este mismo año que concluirá el programa de revisión total de ese sector.
Como resultado de esas acciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente detectó 60 empresas mineras que serán sometidas a un programa de supervisión y monitoreo permanente, por representar mayores riesgos ambientales en su operación.
Asimismo, Haro Bélchez dijo que hasta ahora han sido clausuradas 35 y se aplicaron multas por 41 millones de pesos.
Expresó que las visitas de inspección y verificación a actividades mineras buscan verificar términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental; cambio de uso de suelo forestal, así como las obligaciones en materia de residuos peligrosos y atmósfera, dictadas por el marco jurídico ambiental federal vigente.
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