Un aldeano de 50 años trepó por una colina cubierta de hierba para pedir trabajo al supervisor de una empresa de minería estadounidense. Joseph Tony había escuchado que VCS Mining Inc. traería trabajos, además de caminos pavimentados y electricidad, a este rincón rural del norte de Haití. “Todo el mundo está esperando”, dijo.
Pero Williamcite Noel, el único empleado de VCS en Haití, no tiene nada que ofrecer. Aunque la empresa recibió los permisos para explotar una de dos minas de oro en diciembre de 2012, el proyecto que recibe el nombre de la colina en la que se ubica, Morne Bossa, se congeló dos meses después cuando el parlamento impuso una moratoria a la actividad minera en medio de profundas preocupaciones por si el país tenía capacidad para regular adecuadamente una industria tan compleja.
De acuerdo con The Associated Press, la minería se ha visto como una potencial nueva fuente de ingresos y empleos para el empobrecido Haití luego del sismo de enero de 2010 que arrasó la capital, en el sur de la isla. Empresas invirtieron 30 millones de dólares en prospecciones con el apoyo de un gobierno ansioso por llevar el desarrollo al campo, donde la mayoría sobrevive gracias a la agricultura de subsistencia y carecen incluso de los servicios básicos.
Pero la nueva era en la minería que algunos habían pronosticado está lejos porque Haití ha sido incapaz que promulgar una ley revisada para el sector que establezca aspectos fundamentales como regulaciones medioambientales e ingresos por regalías.
Ahora es demasiado tarde para este gobierno. El ejecutivo del presidente Michel Martelly, un músico con pocos apoyos en el Senado y la Cámara de Diputados cuando llegó al poder en mayor de 2011, fue incapaz de terminar la ley y aprobarla antes de la disolución del parlamento el pasado enero. Las perspectivas la el nuevo gobierno que llegará el próximo año también son inciertas.
“Todo está siendo puesto en espera”, dijo Tucker Barrie, vicepresidente de exploración de Majescor Resources Inc., una empresa canadiense que recibió el otro permiso de exploración, para dos concesiones al norte de Morne Bossa.
Majescor llegó a tener hasta 100 empleados en Haití ayudando con las prospecciones, pero ahora tiene un único vigilante. Tras invertir cinco millones de dólares, la empresa entregó el mes pasado su participación en su filial haitiana a cambio de un porcentaje sobre beneficios futuros. Barrie dijo que esto supone que la empresa local tiene que encontrar un nuevo socio o capital externo.
“Habrá poco interés hasta que se resuelva el tema de la ley de la minería”, dijo.
El gigante minero Newmont Mining Corp., que estuvo estudiando Haití para potenciales ubicaciones en asociación con Eurasian Minerals Inc., suspendió las exploraciones activas en el país en 2012, según su vocero, Omar Jabara.
Hasta el impulso minero registrado después del terremoto, la industria de la extracción de minerales había estado adormecida desde el cierre de una mina de cobre cerca de Gonaives en la década de 1970. Se cree que el país tiene las mismas vetas de cobre y oro halladas al otro lado de la frontera, en República Dominicana, y podrían producir oro y otros metales con un valor estimado de 20 mil millones de dólares.
Angelo Viard, el presidente haitiano-estadounidense de VCS, prometió contratar a ciudadanos ocales, pavimentar caminos y llevar electricidad a la localidad próxima a su parcela en Morne Bossa. La empresa construyó una cancha de baloncesto y patrocinó un torneo deportivo, y Tony dijo que generó buena voluntad. “La gente tiene mucha esperanza en la empresa”, dijo.
Pero muchos haitianos no aguardan con ansia el desarrollo de la minería, escépticos con una industria que podría contaminar un país con una frágil historia regulación y problemas medioambientales. Camille Chalmers, profesor de económicas y miembro de un grupo de apoyo llamado Justicia Minería Colectiva, dijo que los potenciales beneficios para los trabajadores nacionales se han exagerado enormemente.
“Todos los trabajos importantes, con salaries decentes, irán a la gente extranjera”, dijo Chalmers, que ha estudiado la industria con abogados de la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York. “Los caminos pavimentados y la electricidad son para las minas, no para el pueblo”.
Chalmers dijo que el retraso es bueno: “Necesitaríamos una moratoria de al menos 10 años para crear realmente las condiciones que permitan que la regulación racional de la industria esté en el interés del pueblo”.
Los críticos temen también que las compañías puedan tener una influencia inapropiada en un país afectado desde hace tiempo por la corrupción. VCS se defendió de acusaciones de tráfico de influencias tras un comunicado de prensa sobre el próximo libro del escritor Peter Schweizer, que decía que la empresa había incorporado a su junta directiva a Tony Rodham, un hermano de Hillary Rodham Clinton, y al ex primer ministro Jean-Max Bellerive, que era copresidente de una comisión de reconstrucción con el ex presidente estadounidense Bill Clinton.
Viard dijo que Bellerive y Rodham eran asesores, no miembros de la junta, y que entraron en la empresa luego de que la firma obtuviese el permiso. “El sr. Rodham es una persona que conoce la industria y el mundo financiero y podría apuntar a algunas partes que podrían estar interesadas en invertir”.
La incertidumbre política en el país ha alejado a algunos potenciales inversores, agregó. “Cualquier inversor con el que hablamos dice que `Suena como un gran proyecto pero que es Haití’ (…) La gente mira la estabilidad, mira la historia”, explicó.
Bellerive dijo que es un asesor no remunerado y que Haití debería considerar la minería solo si puede asegurar que el medio ambiente estará protegido, que las comunidades locales se desarrollan en conjunto con cualquier mina y que el gobierno recibe una compensación justa. “No estoy seguro de que estemos preparados para enfrentar todo esos problemas ahora mismo”, agregó.
Los miembros del parlamento parecen estar de acuerdo, aprobaron la resolución de diciembre de 2012 que suspendía la actividad minera tras decretar que los permisos expedidos ya no eran legales. El gobierno empezó a trabajar en nuevas regulaciones con la ayuda del Banco Mundial, pero los críticos dicen que el proceso se hace sin demasiadas aportaciones externas y que el borrador nunca se ha hecho público.
El enfrentamiento entre Martelly y el senado por la legislación necesaria para programar elecciones se agravó hasta la disolución del Parlamento en enero, terminando con las perspectivas no solo de la ley de la minería sino de cualquier otra ley importante. Las elecciones legislativas están previstas para agosto y las presidenciales para octubre.
El nuevo parlamento no empezará a operar con plenitud hasta el próximo enero, junto al nuevo presiente, que luego tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro y a su gobierno en un proceso que en la isla caribeña suele demorarse varios meses. Nadie sabe cuándo podría presentar la normativa para la minería el nuevo gobierno, o incluso si lo hará.
Mientras tanto, Tony y otros como él dicen que esperarán los trabajaos de la mina y la infraestructura que llegaría con ella.
“La mina debería explotarse así que esta zona puede desarrollarse”, dijo. “Esto no puede estar así”.
Agencias
