Durante este mes deberá estar lista la carta gant que permitirá planificar la aplicación de los ocho puntos del acuerdo que logró la comunidad de Salamanca, la minera Los Pelambres y el Gobierno, después de una extensa reunión entre las partes.
Así lo detalló uno de los voceros de las comunidades movilizadas, Ismael Maldonado, quien proyectó que la construcción de la planta desalinizadora, la mayor petición de la comunidad, podría estar en marcha en un periodo de tres años.
Se trata de un acuerdo que se logró tras 15 días de movilizaciones y que cuenta de ocho puntos que incluye: la creación de una alianza público-privada para realizar el proyecto de la planta desalinizadora, utilizando el sistema de concesión, y quedando a manos de la minera el estudio del proyecto.
Además, que ante la posible expansión de Los Pelambres, la empresa utilice agua de mar. Que en el plazo de un año la minera financie el estudio del embalse de cabecera, y que en alianza público-privada también se haga una planificación territorial para el manejo integral de la cuenca del Choapa.
Mientras que otro de los puntos, es financiar un sistema de revestimiento de canales y reservas interprediales para asegurar el recurso hídrico a los agricultores de la zona.
El gerente de asuntos externos y sustentabilidad de minera Los Pelambres, Juan Araneda, valoró el acuerdo y manifestó la intención de mantener el camino logrado con éste.
Pero en Caimanes la situación es diametralmente distinta. El vocero del movimiento del lugar, Cristian Flores, explicó que esperan que este viernes Los Pelambres detenga el depósito de relaves. Si bien dijo que están conscientes que la demolición del tranque puede demorarse muchos años, para ellos lo importante es poder recuperar en algún momento el valle.
Desde la Sociedad Nacional de Minería, su presidente, Alberto Salas, sostuvo que éste es un fallo imposible de cumplir.
Este mediodía, diversas organizaciones por la defensa del agua se manifestaron a las afuera de La Moneda, donde entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, a quien exigieron la salida del subecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a quien acusan de la violencia en la zona durante las manifestaciones sociales en el lugar.
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