El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dictó diversas medidas orientadas a impulsar la inversión en proyectos mineros mediante la simplificación de procedimientos, reducción de plazos y la uniformización y flexibilización de criterios en las autorizaciones de construcción y funcionamiento en todas las etapas de la actividad minera.
El Decreto Supremo 001-2015-EM, suscrito por el presidente de la República, Ollanta Humala, y refrendado por el titular del MEM, Eleodoro Mayorga, precisa que el objeto de las disposiciones es impulsar la inversión vinculada a proyectos de concesión de beneficio, de actividades de exploración y explotación en concesiones mineras.
Una primera disposición general establece que en los procedimientos regidos por la Ley de Minería la Dirección General de Minería del MEM o el gobierno regional competente notificará al administrado en un solo acto y por única vez las observaciones y requerimientos.
Asimismo, informará las acciones efectuadas por otras autoridades, en un plazo máximo de quince días contados a partir de la presentación de la solicitud o a partir del plazo máximo para interponer oposiciones, en el caso de las concesiones de beneficio.
El administrado tiene un plazo máximo de 20 días para realizar las subsanaciones.
Opinión previa
Igualmente, se dispone que en los procedimientos –a cargo de los gobiernos regionales– el MEM emitirá opinión previa favorable para la autorización de inicio o reinicio de la actividad de exploración, la autorización de construcción de planta de beneficio, la aprobación del plan de minado y la autorización de inicio de actividades de desarrollo y preparación.
Al respecto, el catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Jorge González Izquierdo, sostuvo que estas medidas tienen por objetivo la reactivación de la inversión, tanto pública como privada.
“Todos sabemos que los proyectos en esta industria están sometidos a una serie de trámites y permisos que dificultan su ejecución, por lo que estas medidas se orientan a la reducción de estos procesos”, comentó al Diario Oficial El Peruano.
Regulación
No obstante, el economista aseguró que también es importante que se tomen medidas destinadas a reducir la sobrerregulación existente. “Por consiguiente, el MEM no solamente debe actuar sobre permisos y trámites, sino también debe reducir la regulación que ejerce el Estado sobre la actividad minera.”
Asimismo, González Izquierdo recomendó la formación de cuadros técnicos especializados para que la simplificación de los trámites sea realmente efectiva.
“Esto significa contar con los profesionales necesarios que evalúen las observaciones, sugerencias o comentarios que se puedan presentar en los plazos especificados. De esa forma, se estará cumpliendo con las normas y la inversión será mucho más dinámica”, puntualizó el especialista.
Procedimiento de concesión
Con la norma se simplifica el procedimiento de concesión de beneficio regulado por el reglamento de procedimientos mineros y los requisitos para terrenos superficiales inscritos o no, inscritos a nombre de comunidades campesinas y en posesión de comunidades campesinas.
Además, se facilita la presentación del informe técnico minero, el procedimiento de inicio de actividades de exploración y de plan de minado; autorización de actividades de desarrollo, preparación y procedimiento de explotación, actividades reguladas por el reglamento de procedimientos mineros.
También contempla disposiciones aplicables a contratos de explotación o cesión minera en proceso de formalización y la adecuación de los procedimientos en trámite.
Datos
El economista de Centrum Católica, Alejandro Indacochea, calificó de positivas las normas orientadas a impulsar la inversión en proyectos mineros mediante la simplificación de procedimientos, reducción de plazos, uniformización y flexibilización de criterios.
Estas iniciativas agilizan de manera importante la ejecución de proyectos que son vitales para el crecimiento económico.
Se plantea crear una Ventanilla Única que le permita al inversionista minero realizar un solo trámite en un mismo lugar, sin duplicar esfuerzos y evitar dictámenes que son contraproducentes con la inversión.
Cifra
40% de la inversión privada total en nuestro país corresponde al sector minería e hidrocarburos.
