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Frena estudio oficial exploración minera en Zacatecas

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Frena estudio oficial exploración minera en Zacatecas
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Fuentes cercanas a las empresas Exploraciones Mineras Peñoles y Exploradora Sombrerete aseguran que el estudio previo justificativo (EPJ), con el que se pretende avalar la creación de un Área Natural Protegida (ANP) en la entidad, está hecho con datos que no corresponden a la realidad de Zacatecas.

El EPJ discrepa con el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) en cuanto al área que ocupa la Unidad Ambiental Biofísica de las Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande.

Esta zona además comparte similitudes ambientales con el sur de Coahuila, noreste de Zacatecas y San Luís Potosí, datos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de septiembre de 2012.

A su vez, el EPJ sólo contempla las afectaciones ambientales en Zacatecas y no más allá de las fronteras territoriales de al menos tres entidades federativas que forman parte de este entorno ecológico.

Además, el estudio dado a conocer públicamente no define claramente la delimitación territorial de las actividades del ANP en las zonas y subzonas de acuerdo con la categoría de Reserva de la Biósfera que debe determinarse como zona núcleo, que es el área de protección y de uso restringido.

En el EPJ esta región sólo se describe como un polígono general, para cuya definición no fueron considerados todos los usos actuales y potenciales que se desarrollan en una superficie de 2 mil 577 hectáreas.

De tal forma que la subzona de aprovechamiento especial no está debidamente delimitada o definida dentro de la superficie propuesta para el ANP, lo que demuestra que “el EPJ no contiene una verdadera planeación del área protegida, ya que no toma en cuenta la vocación del suelo y los usos potenciales”.

La única justificación del EPJ está basada en un listado de especies en riesgo, el cual contiene errores en la aplicación de los principios taxonómicos para la identificación de los seres vivos que pretende proteger y pone en entredicho la veracidad del documento.

Es por ello que los especialistas afirmaron que en el diagnóstico que se hace en el EPJ en cuanto al ordenamiento ecológico es discrepante, “porque siendo posibles dos verdades diferentes respecto a un mismo hecho, alguno de ellos debe estar equivocado”.

De tal forma que, de aprobarse la creación de esta zona con carácter de Reserva de la Biósfera, se afectaría la posibilidad de desarrollo de dichas compañías, dado que esta área natural protegida se encuentra dentro del espacio en el cual pretenden realizar nuevas exploraciones para la industria minera.

Ello, porque en el EPJ no se señala la forma en que los derechos, previamente constituidos en favor de propietarios y poseedores de terrenos, así como de titulares de concesiones mineras, serán respetados y armonizados con los propósitos ambientales.

A decir de las fuentes consultadas, “tales formas de preservación de derechos se excluyen de las consideraciones comprendidas en el EPJ”.

El EPJ entregado a las autoridades federales y estatales se fundamentó en datos económicos y sociodemográficos del Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2010.

Las fuentes reiteraron que en el EPJ “los indicadores o índices de pobreza de la población y urbanización están referidos, en buena parte, a datos de 2010 (…) es decir, no están asociando correctamente a estos indicadores en el tiempo, con los años de mayor crecimiento de la producción minera, no están actualizados”.

Es por ello que las empresas y los especialistas pidieron que se revalore un nuevo EPJ, para que “se elimine de él cualquier prejuicio, pero particularmente los prejuicios en contra de la minería”.

NTR

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