La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía aceptó la solicitud de los industriales mexicanos fabricantes de rollos de acero laminados en caliente de comenzar una investigación antidumping sobre las importaciones provenientes de Alemania, China y Francia.
Un grupo de empresas nacionales encabezadas por Altos Hornos de México y Ternium solicitaron fijar cuotas compensatorias de 27.2 por ciento para Alemania, de 102.9 para China y de 14.4 por ciento para Francia.
En la resolución, publicada el viernes 26 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo indicó que de 2011 a 2013 las importaciones de rollos de acero laminados, originarias de esas tres naciones, aumentaron 737 por ciento debido a que los precios de sus productos entraron al país por debajo de los costos de producción reales.
Luego de hacer un análisis sobre las pruebas presentadas por los empresarios mexicanos, la UPCI concluyó que existen elementos suficientes para presumir que entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2013 las importaciones de rollos de acero laminados en caliente, originarias de Alemania, China y Francia se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron daño a la rama de la producción nacional del producto similar.
El análisis de la dependencia agrega que tal situación incidió negativamente en algunos indicadores económicos de la rama de producción nacional, entre ellos, precios al mercado interno, ingresos por ventas y utilidades de operación.
Luego de la resolución, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), dijo que en los últimos años las empresas fabricantes han efectuado inversiones intensivas en equipo y tecnologías para respaldar con producción nacional iniciativas como la reforma energética.
La industria siderúrgica mexicana, que no recibe subsidios de ningún tipo y trabaja con fronteras totalmente abiertas, ha invertido para competir con calidad y precios internacionales y será inflexible en exigir sanción a las prácticas de comercio desleal, por lo cual trabaja en conjunto con la Secretaría de Economía y la UPCI para detectar acciones de ese tipo y asegurar un comercio justo, puntualizó.
La resolución define que la secretaría podrá aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales.
Se fijó como periodo de investigación el comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2013, y como periodo de análisis de daño y causalidad a la rama de producción nacional el comprendido del primero de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.
La Jornada UNAM
