La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) tronó contra los ataques que generalizan y escandalizan a la industria minera para etiquetarla como depredadora ante un hecho aislado como el accidente de la mina de cobre de Grupo México en Sonora.
Norberto Zavala, presidente de la AIMMGM en Nuevo León, calificó de impropio y desproporcionado el ataque a la minería cuando es una de las actividades de más arraigo en México y más golpeada con medidas fiscales y de mercado.
“Es impropio y desproporcionado generalizar y escandalizar contra toda la industria por eventos muy aislados, por adversos que pudieran parecer”, manifestó.
“Rechazamos que toda la actividad minera sea etiquetada como depredadora porque ocurra un accidente, en una mina, cuando hay cientos de minas operando adecuadamente, sostenidamente desde su inicio”.
Consideró que las campañas de desprestigio no se miden con la misma vara cuando se trata de otros eventos de contaminación ocasionados por otras industrias u otros organismos, ya sea oficiales o privados.
Zavala dijo que desde el 2013 y previo a la crisis actual, la minería sostenía 350 mil empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos y cada año venía creando entre 10 y 15 nuevas operaciones mineras por año.
“Después del nuevo gravamen 2014 y la contracción económica de los países líderes, la contratación de nuevos empleos mineros disminuyó al 80 por ciento; la inversión en exploración bajó de mil 165 millones a 860 millones de dólares; y los ingresos del sector de 8 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares”.
Indicó que mientras que en otros países la minería es un sector estratégico, desde mediados de 2013 en México esta industria es atacada en distintas formas, por lo que las condiciones -de por sí adversas- que enfrenta se recrudecieron en 2014.
Entre los problemas estructurales que afectan a la minería mencionó el riesgo inherente de la inversión, alto costo y escasez del crédito, infraestructura insuficiente de ferrocarril, portuaria y de carreteras, carencia de certidumbre y políticas públicas permanentes, rezago social de pueblos indígenas, ideología anti-minera y oportunismo.
Señaló que la minería en México enfrenta una carga laboral y altos costos de la energía y problemas coyunturales como costos de operación y de insumos elevados, bajas cotizaciones de metales, y la aprobación de iniciativas legislativas como el nuevo impuesto especial 2014, que incrementó la carga fiscal, minando la competitividad al sector.
“Recientemente se han anunciado varios proyectos para creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) de tamaño desproporcionado en varios estados y ubicadas sobre zonas de vocación minera dominante”, afirmó.
Consideró que además de crecientes problemas de acceso a la tierra, la minería padece una mayor discrecionalidad y lentitud de la autoridad ambiental para otorgar nuevos permisos para explorar y operar en varios estados mineros.
“En muchas regiones mineras la inseguridad no se resuelve, y el riesgo sigue latente”.
Agencias
