La Asamblea Nacional se allanó totalmente al veto parcial del presidente de la República, Rafael Correa, a la reforma a la Ley de Minería, con 98 votos a favor, seis en contra y 18 abstenciones. Ahora pasa al Registro Oficial para su publicación.
Así, se da paso a los cambios criticados por las organizaciones sociales y ambientales que señalan que con la norma se propiciaría la minería a gran escala y se afectaría al ambiente porque se reduce el número de estudios de impacto.
Mientras el oficialismo apoya la aprobación de las modificaciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó ayer una acción de incumplimiento a la disposición de la Corte Constitucional (CC) de aplicar consultas prelegislativas en todo acto legislativo que afecte a pueblos y nacionalidades indígenas.
El allanamiento fue inmediato. Tras la explicación del ponente y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva, sobre lo enviado por el Ejecutivo, se votó sin más intervenciones.
Hay dos puntos que objeta el Ejecutivo. Primero, una contradicción interna del artículo 27, donde se dice que se tiene que entregar documentos notariados pero al final, se indica que es opcional.
El segundo se relaciona a una disposición transitoria donde se establecen los plazos para la actualización de los mineros artesanales. “El censo tuvo muchas deficiencias por lo que es necesaria una actualización responsable a la que se comprometió el Ejecutivo”, indicó Larriva.
“El Gobierno debió haber vetado la posibilidad de entregar a dedo las concesiones mineras a empresas extranjeras y se equivocó cuando aprobó la Ley Minera”, opinó Patricio Donoso (CREO).
Posiciones
Frente a que la Asamblea no realizó una consulta prelegislativa, el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, precisó que la sentencia de la CC a la Ley de Minería del 18 de marzo de 2010 es clara al señalar que en todo acto legislativo se debe aplicar.
“El objetivo de la acción es que la Corte Constitucional eche abajo la reforma. Esperemos que la Corte haga su análisis, confiamos en que sí hay jueces probos y esperamos no tener que acudir a instancias internacionales”, amenazó.
Por su parte, la asambleísta Lourdes Tibán (PK) señaló que la Corte debe determinar el mecanismo para que se realice la consulta prelegislativa cuando se envíe una ley con carácter de económico urgente que tiene un plazo de aprobación de un mes.
También dijo que se debe aclarar quién debe calificar si se va a afectar o no a pueblos y nacionalidades.
Fuente: La Hora
