El desarrollo de la minería en Colombia requiere el consenso político a nivel nacional y regional, según la presidenta de Mineros, Beatriz Uribe. Esta es la única compañía productora de oro a gran escala del país.

“No hay unidad de criterios entre todas las unidades del Estado”, indicó la ejecutiva en el marco del evento Mining Exploration Summit que celebró recientemente BNamericas en Medellín.

Uno de los problemas a nivel nacional radica en la dicotomía entre el deseo de fomentar la minería y la preservación de la rica biodiversidad de la nación. Por este motivo, los ministerios de Minas y Energía (Minminas) y de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) han promulgado algunas regulaciones contradictorias.

Por ejemplo, apenas días antes de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) lanzara su nueva plataforma para concesiones mineras, el Minambiente aprobó una resolución que protege 10,5 millones de hectáreas contra la actividades mineras. La medida es precautoria y temporal, de acuerdo con el Minambiente, organismo que tiene un plazo de dos años para realizar estudios antes de decidir si permite explotaciones mineras.

Cerca de un 10% del territorio colombiano ha sido dejado para parques nacionales y reservas, incluidos ecosistemas de gran altura conocidos como páramos. Sin embargo, los límites de algunas de estas zonas permanecen siendo ambiguos. Por ejemplo, la compañía de Vancouver Eco Oro Minerals (TSX: EOM) ha esperado desde marzo del 2012 para que el Minambiente defina los límites del parque regional en el páramo de Santurbán, cerca de su proyecto de oro y plata Angostura.

Las diferencias en política regional también han provocado dolores de cabeza a las mineras. Colombia cuenta con 34 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son entidades públicas creadas para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales de ecosistemas definidos, de acuerdo con las políticas del Minambiente. Sin embargo, incluso si una empresa cuenta con la aprobación ambiental del ministerio, estas instituciones pueden detener las actividades si creen que dañan el ecosistema.

Un caso interesante lo presenta la minera sudafricana AngloGold Ashanti (NYSE: AU). En marzo de este año, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) suspendió las actividades de la minera en el municipio de Piedras, cerca del proyecto La Colosa.

Luis Alfonso Escobar, director general de ordenamiento ambiental territorial del Minambiente, reconoció que esto podría generar problemas. Si bien las corporaciones conocen la ley, temen la oposición social, de acuerdo con el funcionario. El marco legal aquí no es sólido y necesita mejoras, agregó.

El director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, también cree que debiera haber más coordinación entre el Gobierno Nacional y los regionales, además de una mayor claridad en materias ambientales.

Díaz señaló que se necesita una decisión política más firme en apoyo a la economía, y agregó que los cambios a la normativa ambiental han generado una “sensación de inseguridad jurídica”.

El presidente Juan Manuel Santos identificó a la minería como uno de los motores de desarrollo en su plan nacional 2010-2014, que apunta hacia una reorganización de las instituciones y regulaciones del sector.

Las exportaciones minerales de Colombia sumaron US$12.500mn el 2012 y representaron cerca del 21,3% del total. Las mineras en operaciones pagaron más de US$2.000mn en regalías y US$3.000mn en impuestos y destinaron US$3.000mn a compras locales, detalló Díaz. Asimismo, la minería atrajo US$2.250mn en inversión extranjera directa, equivalente al 14,2% del total.

Fuente: Banamericas

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