El 23 de agosto del 2012, representantes de nueve empresas mineras se reunieron con el presidente Rafael Correa y diez de sus ministros para exponer sus preocupaciones y requerimientos más importantes “de modificación normativa que generarían sin duda un cambio drástico en la consolidación del país como un destino minero atractivo para la inversión extranjera”.

Lo cuenta Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería, en un artículo en el sitio web del gremio titulado Minería a gran escala en Ecuador: la espera desespera. Parte de esas inquietudes, señala, fueron fijar el techo del 8% a las regalías por venta de minerales y la prórroga para el pago de ingresos extraordinarios por parte de las empresas hasta cuando hayan recuperado su inversión financiera.

“El presidente nos dijo: ‘Sus propuestas y razonamientos son lógicos. No lo hago por ustedes sino por el desarrollo del país. No es que se quiere beneficiar al sector minero sino que se está permitiendo que el sector minero se desarrolle para tener una posibilidad de crecimiento económico y bienestar para la población’”, asegura Yépez.

Nueve meses después de ese encuentro, parte de esos planteamientos fueron plasmados en el proyecto de reforma a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que desde la semana pasada centra el debate de la Asamblea. La Comisión de Régimen Económico y Tributario dejó la noche del jueves último listo el informe de segundo debate y lo envió a la Secretaría para que sea tratado en el pleno mañana o el martes.

El proyecto de ley no estaba entre las prioridades legislativas definidas entre el Gobierno y sus cien asambleístas. Pero dos días después de instalada la nueva Asamblea, el 16 de mayo, el presidente lo envió con el carácter de “urgencia económica”.

Esto implica un plazo de 30 días para aprobar, modificar o negar una reforma, según el artículo 140 de la Constitución.

El Legislativo tiene hasta esta semana para aprobarlo. En caso de no haber un pronunciamiento, la reforma entrará en vigencia por el ministerio de la ley.

Con 32 artículos, siete disposiciones generales, cuatro transitorias y una final se pretende, entre otras justificaciones: “promover la actividad minera, toda vez que esta es generadora de fuentes de trabajo especialmente en zonas afectadas por la pobreza, vulnerados en lo ambiental y social, para garantizar su desarrollo sobre la base de incentivos y mecanismos de control adecuados”, según motivos expuestos por el presidente.

Para asambleístas de PAIS, con la reforma se están dejando las reglas claras para que la inversión minera llegue al país. Pero para activistas, expertos en legislación ambiental y opositores, responde al interés de expandir la industria minera a gran escala e incrementar los fondos fiscales, a merced de simplificar las regulaciones.

Ello luego de que, el 5 de marzo del 2012, el Gobierno firmó con el consorcio chino Ecuacorriente S.A. el primer contrato de explotación minera, que significó la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.

El plan incluye la formación de un cráter para extraer concentrado de cobre en la parroquia Tundayme del cantón El Pangui, Zamora Chinchipe. En 25 años, el proyecto Mirador prevé dejar ingresos por $ 2.700 millones en valor real actual.

La organización Acción Ecológica ha puesto foco sobre cinco proyectos a gran escala, catalogados de prioridad por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades): Mirador y Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe; San Carlos de Panantza, en Morona Santiago; y Quimsacocha y Río Blanco, ambos en Azuay. Los cinco tienen previsto explotar cobre y oro.

El proyecto Fruta del Norte se convertiría en el segundo contrato importante de explotación (representaría más de $ 10 mil millones en ingresos al costo actual del oro). Todo depende de que la compañía Kinross, de capital canadiense, llegue a un acuerdo con el Gobierno hasta el 1 de agosto, cuando termina su permiso para la exploración.

Kinross hizo observaciones a la Ley de Minería actual, en especial a las regalías generadas por ingresos extraordinarios.

El asambleísta Cléver Jiménez (PK) denunció que ese cambio en el pago es la condición exigida por Kinross para firmar el contrato. “Las empresas multinacionales le obligaron a reformar la ley y Correa ordena reformar en la Asamblea, por eso es de carácter urgente… Kinross es uno de los claros ejemplos”, dice Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.

La exministra del Ambiente y segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, opina distinto. El lunes dijo a Ecuavisa que el carácter económico-urgente del proyecto no es solo por iniciativa del Ejecutivo, sino porque “la urgencia de luchar contra la pobreza” en las zonas donde hay concesiones mineras “es inminente”. Y defendió con vehemencia la técnica utilizada por las empresas.

La reforma crea todo un capítulo para la mediana minería, que establece volúmenes de producción, regalías y regulación. La idea es desarrollar proyectos de mediano calado.

El impulso a la minería, sin embargo, preocupa a ambientalistas por sus efectos, que ya se han observado en otros países. En Perú, por ejemplo, paisajes andinos (lagunas al pie de peñascos) han sido reemplazados por cráteres o zonas de desechos deforestadas. Es el caso de la laguna de Yanacocha dentro del área concesionada en el departamento de Cajamarca, que sigue en explotación y no ha dejado de ser uno de los más pobres de Perú, agrega Pérez.

El cianuro también ha dejado efectos irreversibles. En enero del 2000, en Rumanía (Europa Oriental), este químico contaminó las aguas de ríos que atraviesan ese país, Hungría y Serbia y afectó a la fauna y flora. Eso motivó al Parlamento Europeo, en el 2006, a adoptar límites permisibles con plazos en torno al cianuro y otros metales.

Carlos Zorrilla, activista experto en minería, afirma que en el país el problema sería mayor debido a que parte de los yacimientos se encuentran en las estribaciones de los Andes, donde hay millones de hectáreas de bosques nublados y páramos.

Como ejemplo cita que para producir una tonelada de cobre es necesario procesar en promedio 497 toneladas de materiales sólidos. “Los escombros consisten en tierra fértil, bosques, vegetación…”. En El Mirador, asegura, se prevé utilizar cerca de 12 millones de litros de agua por día para explotar el equivalente a 200 t de cobre.

La generación de fuentes de trabajo es otro de los cuestionamientos. Según un estudio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la minería metálica industrial emplea 2,75 millones de personas; la minería de pequeña escala, a 13 millones.

La Agencia de Regulación y Control Minero refiere que entre el 2% y el 3% del territorio está concesionado a la minería; Pérez Guartambel habla de 1,5 millones de hectáreas. Con la reforma podría ampliarse, al eliminar el cuarto inciso del art. 16 de la Ley de Minería, que limita las concesiones a las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Según Virgilio Hernández, en el segundo debate se decidió mantenerlo.

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Fuente: El Universo

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