Una oportunidad para que las empresas mineras pequeñas puedan crecer y desarrollarse con tecnología en un ambiente de sustentabilidad y respetando las potencialidades geológicas de la zonas fue, entre otros, uno de los puntos en el que coincidieron asambleístas y expertos al analizar, en el programa Pulso Político transmitido por TC Televisión.
El tema tratado fue: “El impacto del sector minero como aporte al desarrollo del país y el análisis a la reforma a la Ley”.
Marcela Aguiñaga, segunda vicepresendenta de la Asamblea Nacional Legislativa, dijo que en la reforma que se pretende hacer a la Ley está la creación de la mediana minería que no existe en la legislación actual. En la norma vigente, si se quiere aumentar la producción hay que saltarse de la pequeña a la gran minería, sin ninguna facilidad, ni intermediación del Estado, como lo es en líneas de crédito o tecnología, refirió.
“El espíritu que busca esta reforma es efectivamente el que crezca el pequeño minero. Hay un cambio en los volúmenes que ellos podían alcanzar no solo en el ámbito de inversión, sino de reservas con los potenciales geológicos que tiene el Ecuador”, anotó Aguiñaga.
Refutó las aseveraciones de “seudos ambientalistas” que dicen que en las reformas van a favorecer a las grandes mineras que podrían cambiar la figura a mediana. Eso no existe en el proyecto, aseguró la legisladora.
En el tema de la excepción a la subasta para la concesión minera a las empresas que sean de propiedad de otro Estado, dijo que esto el país ya lo hizo con la minera chilena Codelco y es un acápite que tiene la finalidad de no impedir esta asociatividad estratégica con las mejores capacidades y mejor tecnología en el mundo.
Alberto Acosta Burneo, analista económico, señaló que la minería es una oportunidad de desarrollo del país, porque será una fuente de ingreso para poder financiar una transformación que es la que se requiere para poder trabajar en la solución de la pobreza.
Dijo que hay que mirar los casos de éxitos que hay en el mundo logrado con la minería, en donde han extraído recursos primarios no renovables para poder desarrollar sectores productivos. Como es el caso de Suecia que exporta hierro, cobre y madera, todos productos primarios, con lo que logró una alto nivel escolarización, industrialización; así también, hay casos en Finlandia, Canadá, Noruega, entre otros.
“Creo que la minería nos da la oportunidad de contar con los recursos adicionales. Ya tenemos en este momento el petróleo que llega a su límite y la minería va entrar a generar recursos para el Estado y es una opción para transformar el aparato productivo, para a través de ella hacer inversiones en conocimiento, tecnología e infraestructura”, dijo. César Espinoza, del Organismo Latinoamericano de Minería, mencionó que en el país se pierde cerca de 30 millones de dólares semanales de la producción de oro al no haber un registro y contabilidad, porque la Ley no tiene esa medida.
Opinó que la creación de una mediana minería es importante. El salto de la pequeña a grande era demasiado, ya que los primeros no podían crecer y se les bloquea procesar no más de 1.000 toneladas al día.
En Ecuador hay inversionistas desde pequeños hasta mediados que son gente que están capacitados para enfrentar 5.000 toneladas diarias de mineral de manera rentable. Y la Ley Minera actual los enmarca en procesar 1.000 toneladas por día. Consideró que se busca que los pequeños mineros sean eficientes, sustentables, tecnológicamente de avanzada. “Por eso pido que se quite el acápite que señala que las empresas extranjeras no pueden asociarse con ellos (los pequeños), porque de ahí vienen las tecnologías y las mejoras para el país”.
Luis Torres, asambleísta del movimiento CREO, señaló que las empresas mineras mundiales que vienen al país deben ser tomadas en cuenta con mucho cuidado. En los últimos años ha existido un Mandato Minero, Ley de Minería, reforma a la Ley de Minería y otra reforma, por lo que cuestionó el punto del proyecto de reforma actual en el que se exonera el concurso para la concesión a las empresas mineras que pertenezcan a un Estado.
Fuente: La Opinión
