La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó una iniciativa de nueva Ley Federal de Minería, la cual busca fortalecer la rectoría del Estado en ese sector.
La adecuación del marco normativo debe garantizar, sin menoscabo de las inversiones en el sector, la seguridad laboral de los trabajadores y el respeto de usos y costumbres de comunidades indígenas, destaca la propuesta.
En la sesión ordinaria de este miércoles, el senador Armando Ríos Píter presentó la iniciativa que también busca transparentar el otorgamiento de concesiones, garantizar la competitividad fiscal, las bases de una política de Estado en el sector minero con sentido de responsabilidad social.
Asimismo, plantea el ordenamiento de la explotación minera bajo los principios de racionalidad y sustentabilidad, que equilibre la explotación de la riqueza nacional con la preservación de recursos como el agua, así como la protección del medio ambiente.
En tribuna, dijo que se requiere una nueva rectoría del Estado en materia de explotación minera, también del reconocimiento de los derechos inherentes de comunidades indígenas, bienes comunales, tierras ejidales donde yacen recursos minerales con valor económico.
La explotación debe partir de un criterio de sustentabilidad ambiental y de responsabilidad social, sostuvo el senador.
Además, se requiere una política de Estado construida bajo los principios de eficiencia, competitividad, sustentabilidad y racionalidad en la organización y explotación de los recursos minerales de la nación, dentro de un concepto integral del desarrollo regional y de cohesión social.
En la iniciativa, que fue turnada a la Cámara de Diputados por no ser de competencia del Senado, se establece la obligación de consulta de los pueblos y comunidades indígenas para el consentimiento y el otorgamiento preferencial en el caso de concesiones mineras, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se propone reducir las concesiones mineras de 50 a 25 años, con la posibilidad de ser ratificadas de nuevo, y establecer zonas exclusivas para el Estado por razones de seguridad nacional, cultural, respeto a usos y costumbres de pueblos originarios, reservas ecológicas, zonas turísticas y protección de reservas estratégicas de agua.
Fuente: El Economista
