De ratificarse en el Senado los cambios a la Ley de Amparo aprobados por la Cámara de Diputados, se violaría la Constitución Política de México; el caso sería atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), opinó Armando Ortega, vicepresidente de New Gold.
“La Suprema Corte seguramente lo atraería, si prospera la reforma y se presentan amparos, por la trascendencia”, agregó el también Director de esa empresa, la quinta productora de oro en México.
Uno de los cambios introducidos en la nueva ley establece que tras la solicitud de un amparo, el “acto de autoridad” se mantiene hasta la resolución del caso, a diferencia de lo que establece la legislación vigente, donde el particular puede seguir explotando el bien.
Ortega puso como ejemplo que, con la nueva ley, si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausura una mina y el concesionario interpone un amparo, éste tendría que litigar sin poder realizar las operaciones mineras, hasta que se dicte sentencia en su favor.
“Puede ser seis meses, si es un amparo directo; y si lo pierdo, me voy a una revisión ante un tribunal colegiado, y ahí me llevo otros seis meses, entonces estoy un año clausurado y si después gano, sólo queda un: ‘¡Hay disculpe usted!’”, dijo, en referencia a un caso hipotético.
Diputados que votaron en favor de la nueva ley argumentaron que se pondría un alto a la tendencia creciente de algunos concesionarios de bienes públicos de alargar juicios por la vía del amparo para obtener beneficios económicos, a veces al margen de la ley, como ha llegado a ocurrir en el sector de las telecomunicaciones.
La reforma se centra en la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo que refiere el Artículo 27 Constitucional, entre ellos: tratamiento de aguas, recolección y disposición de la basura, transporte público, minas, gas, telecomunicaciones, radio y televisión.
Los cambios legislativos facultan al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo para solicitar la tramitación preferente de ciertos amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
APELAN A LA CAMIMEX
Otras empresas mineras consultadas expusieron que esperan que la Cámara Minera de México (CAMIMEX) los defienda hasta las últimas instancias.
“Si la reforma prospera es muy delicado y, en mi opinión, sería inconstitucional, porque la Constitución prevé para todos los quejosos la figura de la suspensión del acto reclamado, entonces por qué habría que desaparecerse para cierto quejosos, en este caso los concesionarios”, adujo Ortega.
Credito:
Roberto Morales / El Economista
