Brasil.-Los resguardos ostentan títulos de propiedad sobre el territorio y la explotación de los recursos naturales que hay en ellos les dan derecho a regalías, pero los operadores que abonan sus impuestos a las Farc no se las reconocen.
Una persona que trabaja de manera continua en el turno de extracción produce en promedio 20 gramos de oro procesado. El precio que pagan los propietarios de las dragas a los trabajadores indígenas es de $85.000 por gramo. Sin embargo, se les cobra el uso de instalaciones, comida y servicios varios. Adicionalmente, se les resta un porcentaje para el pago a las Farc que cobran protección de $1 millón semanal por draga. Lo que les queda es una fracción que se ve comprimida por la inflación. A ellos nadie los protege.
La agricultura indígena ha sido dejada en manos de las mujeres, lo que ha ocasionado una menor producción y se han triplicado los precios de los alimentos. Las mujeres jóvenes prestan favores sexuales a los operadores de las dragas en cantinas, donde se recaptura el dinero que se les ha pagado. Los viejos cuidan a los niños y los jóvenes se han apartado de las tradiciones culturales y religiosas ancestrales de sus pueblos.
A principios del siglo XX, la Casa Arana explotaba el caucho en estas tierras, y para lograr que la mano de obra indígena se aplicara a la extracción del látex, recurrieron al trabajo forzoso. José Eustasio Rivera lo ilustró de manera realista en La vorágine. En esta ocasión, los indígenas son inducidos a trabajar por puros incentivos económicos, pues su economía natural ha sido debilitada también por el narcotráfico.
El impacto ambiental es tremendo, pues las dragas vuelcan mercurio en las aguas del río. Lo único que perdurará por siempre de este auge de la minería ilegal es el efecto del mercurio en el medio ambiente y en la salud de las personas; como se sabe, este metal pesado es bioacumulable y de alta toxicidad. El mercurio en el agua consumida por la población produce afecciones renales incurables y mortales, si se carecen de las más mínimas condiciones en la prestación de la salud, como sucede en estas regiones de frontera.
Recientemente en el Foro de desarrollo rural convocado por la mesa de negociación entre las Farc y el Gobierno se concluye lo siguiente: “No aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería… Suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y suspensión inmediata de las licencias ambientales de todos lo proyectos minero-energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales” (punto 4). No se menciona la minería ilegal, pero se condena la legal que tiende a ofrecer condiciones menos agobiantes a sus trabajadores y trata algo mejor el medio ambiente. Ojalá que las Farc desde ya contribuyan al logro de los nobles fines de los foristas en los territorios que controlan en el Caquetá y otras regiones de minería ilegal en el país.
Fuente: El espectador
