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Reporta STPS las acciones para mejorar seguridad en minas de carbón

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Reporta STPS las acciones para mejorar seguridad en minas de carbón
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Trabajo y Previsión Social (STPS) indicó que promueve acciones para adecuar y hacer cumplir el marco normativo, aumentar las inspecciones y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en minas y pozos de carbón de Coahuila.

La dependencia informó que el año pasado, conjuntamente con la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se practicaron inspecciones en 107 minas y pozos subterráneos de carbón en la entidad.

Así se detectaron 948 violaciones directas a la normatividad laboral y se dictaron 714 medidas que incluyen la restricción de acceso de los trabajadores por existir condiciones que ponen en peligro su vida o integridad física, medida dictada en 34 ocasiones.

En tanto, la autoridad minera ordenó en 19 casos la suspensión provisional de obras y trabajos mineros, y por las violaciones detectadas se impusieron procedimientos administrativos de sanción contra 75 empresas y multas por más de un millón 230 mil pesos.

La STPS indicó que gracias a los recursos autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012, se incrementará de manera significativa la plantilla de inspectores federales del trabajo.

En el caso específico de Coahuila se han asignado 19 plazas adicionales a las 19 ya existentes para fortalecer las tareas de inspección, sobre todo en lo relativo a la seguridad en minas y pozos de carbón.

Añadió que el 16 de agosto de 2011 se suscribió el Convenio de Colaboración Académica entre la STPS y la Universidad Autónoma de Coahuila, con el propósito de difundir y generar conciencia entre trabajadores, empleadores y estudiantes sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La dependencia indicó que se robusteció el intercambio de información entre la STPS y la Secretaría de Economía, a través del Servicio Geológico Mexicano, para contar con un censo actualizado de minas y pozos de carbón en la zona.

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila formalizaron un convenio por el que se establece que la CFE sólo comprará carbón a empresas que cuenten con el dictamen de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana: NOM-032-STPS-2008, Seguridad para Minas Subterráneas de Carbón.

Más adelante, indicó que la actuación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) representa a familiares en 59 juicios derivados del accidente en la unidad minera Pasta de Conchos, en Coahuila.

Derivado de lo anterior, indicó, se han pagado las indemnizaciones en su totalidad, restando sólo el pago en dos casos de las prestaciones correspondientes a la Subcuenta de Vivienda 97 del Infonavit.

Refirió que en el caso del accidente en el Pozo Tres de Beneficios Internacionales del Norte S.A., la Profedet sigue proporcionando servicios de representación legal y asesoría a los familiares de los mineros fallecidos y al menor lesionado.

Al respecto, dijo que se obtuvieron laudos favorables que determinaron el incremento de pensiones de viudez y orfandad conforme al salario real de los trabajadores, a partir del momento en que se determinó el derecho a la pensión.

Subrayó que mediante diversos juicios se reclamaron prestaciones laborales derivadas de la Ley Federal del Trabajo, tales como pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, de antigüedad y reparto de utilidades.

De igual modo, el pago de 25 por ciento adicional por falta inexcusable del patrón y la devolución de aportaciones realizadas por los trabajadores fallecidos a las Administradoras de Fondos para el Retiro que aún se encuentran en trámite.

La STPS indicó que se obtuvo la donación del Infonavit de tres casas a las viudas de los trabajadores que en vida habían solicitado crédito a ese instituto y cuyos trámites quedaron inconclusos con su fallecimiento.

Sostuvo que la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (Fonaes) incorporó a las 10 familias en un programa de ayuda económica para impulsar la apertura de pequeñas empresas.

Recordó que la Subcomisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Coahuila, que tiene por objeto verificar y acordar acciones de mejora en favor de la seguridad y salud en el trabajo, y en la cual participan trabajadores, patrones y autoridades, ha sesionado 32 ocasiones desde su instalación el 28 de febrero de 2007.

Estas acciones se han venido realizando bajo el marco normativo vigente conforme al cual las posibilidades de clausura y el monto de las sanciones no inhiben las conductas violatorias de las normas de seguridad en el trabajo, indicó la dependencia.

La Secretaría del Trabajo refiere que la propuesta de reforma laboral comprende varios puntos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

De éstas destacan fortalecer las facultades de los inspectores para que en caso de peligro inminente para la vida, salud o integridad física de los trabajadores se puedan clausurar sin demora los centros laborales, para evitar que continúen expuestos a riesgos existentes.

También establecer el uso obligatorio de unidades de verificación en el caso de actividades de alto riesgo; incrementar los montos máximos de las sanciones por infracciones a la Ley y tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar.

Sobre el reclamo de las familias para recuperar los restos de los mineros fallecidos, a seis años del accidente ocurrido en Pasta de Conchos, citó el dictamen emitido el 5 de octubre de 2007 por un panel internacional de expertos en minas de carbón, convocado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C..

Dicho documento revela el alto grado de peligrosidad que implicaría intentar una maniobra con ese fin, comprometiendo la seguridad y la vida de los rescatistas.

Además, precisó que en la legislación vigente no existe fundamento legal alguno que faculte al gobierno federal para realizar, ordenar o autorizar las tareas de rescate de cuerpos.

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