Ley MAPE: SNMPE alerta que régimen de consolidación replica indefinición del Reinfo

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) lanzó una advertencia directa al Congreso: el régimen de consolidación contemplado en el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal —la llamada Ley MAPE— es, en los hechos, otra extensión encubierta del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El gremio que agrupa a los grandes operadores formales del país no pide enterrar el proyecto. Pide que las precisiones que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha anunciado verbalmente queden escritas, negras sobre blanco, en el texto legislativo. Sin esa garantía, el sector formal leerá la norma como lo que parece: un mecanismo que prorroga indefinidamente la informalidad bajo una etiqueta diferente.

Reinfo: el registro que no termina de terminar

Para entender la alarma de la SNMPE, hay que entender lo que fue el Reinfo. Creado como un registro transitorio para dar seguimiento a los mineros en proceso de formalización, el Reinfo se convirtió en un paraguas permanente que permitió a miles de operadores continuar produciendo —y en muchos casos exportando— sin completar nunca los requisitos legales exigidos. El mecanismo, pensado para durar meses, sobrevivió por años mediante sucesivas ampliaciones legislativas. Cada prórroga fue presentada como la última. Ninguna lo fue.

El Reinfo acumuló más de 80,000 inscritos en su punto más alto, una cifra que refleja tanto la escala del problema como la incapacidad del Estado peruano para ejecutar una política de formalización real. El registro no exigía que los inscritos cumplieran con estándares ambientales, laborales o tributarios plenos: bastaba con estar en proceso. Ese “proceso” se volvió un estado permanente. Las regiones auríferas de Madre de Dios, Puno y La Libertad son el retrato más crudo de ese fracaso acumulado.

Ahora, el proyecto de Ley MAPE introduce un “régimen de consolidación” que, según la SNMPE, replica la lógica del Reinfo sin llamarse así. Los procedimientos existentes se mantienen. Los plazos se estiran. Y los operadores que nunca completaron su formalización podrían continuar bajo un nuevo paraguas normativo, con requisitos que el gremio considera insuficientemente definidos en el texto actual.

Lo que el MINEM dice y lo que el proyecto dice

Aquí está el nudo del problema. El MINEM ha realizado precisiones públicas —en reuniones técnicas y declaraciones a medios— sobre cómo operará el régimen de consolidación, qué requisitos serán exigibles y en qué plazos. Esas precisiones, si fueran reales, aliviarían parte de la preocupación del sector formal. El problema es que no están en el proyecto de ley.

La SNMPE lo dice con claridad: lo que no está escrito en la norma no existe jurídicamente. Un ministro puede cambiar. Un gobierno puede cambiar. Las interpretaciones administrativas pueden cambiar. Lo que no cambia —o no debería cambiar— es el texto aprobado por el Congreso. Pedir que las precisiones del MINEM se incorporen expresamente al proyecto no es un capricho burocrático: es la diferencia entre una política de formalización con dientes y otro capítulo vacío de la historia regulatoria peruana.

Este patrón tiene antecedentes. Perú ha aprobado normas mineras con ambigüedades deliberadas que luego se resuelven por vía reglamentaria, con resultados que no siempre coinciden con lo prometido en el debate legislativo. El sector formal, que opera bajo estándares ambientales y laborales estrictos, carga con los costos de esa ambigüedad: competidores informales que producen a costos menores porque no pagan lo mismo en cumplimiento normativo.

El costo real de la informalidad persistente

No es un debate abstracto. La minería informal y artesanal en Perú moviliza volúmenes de oro que, según estimaciones del MINEM y organismos especializados, representan miles de millones de dólares al año fuera del circuito formal. Parte de ese oro termina en circuitos de exportación a través de intermediarios que operan en zonas grises legales. Parte alimenta redes de lavado de activos vinculadas al crimen organizado, especialmente en Madre de Dios.

El sector formal compite en condiciones desiguales. Una operación de gran escala como Cerro Verde, de Freeport-McMoRan, paga regalías, impuesto a la renta, canon minero, cumple con estudios de impacto ambiental auditados y mantiene estándares laborales verificables. Un operador inscrito en el Reinfo —o en el eventual régimen de consolidación de la Ley MAPE— puede producir y comercializar sin haber completado ninguno de esos requisitos. Esa asimetría no solo afecta la recaudación fiscal: distorsiona el mercado, erosiona la imagen país y perpetúa condiciones de trabajo que en muchos casos equivalen a explotación.

Las cifras del canon minero lo ilustran desde otro ángulo. Perú distribuyó más de S/. 5,000 millones en canon minero a regiones productoras en 2024, una transferencia que depende directamente de la producción formal declarada. Cada tonelada de mineral que transita por circuitos informales es canon que no llega a Cajamarca, Arequipa o Ancash. La formalización no es solo un tema de imagen o de compliance corporativo: es fiscal, es regional, es distributiva.

SNMPE frente al Congreso: el gremio no pide detener la ley

La posición de la SNMPE merece leerse con precisión. El gremio no se opone a la Ley MAPE. La formalización de la pequeña minería y la minería artesanal es una política que el sector formal ha respaldado en términos generales, porque una base de operadores formalizados beneficia al ecosistema completo: menos competencia desleal, mejores estándares sectoriales, menor riesgo reputacional para el conjunto de la industria peruana.

Lo que la SNMPE rechaza es la imprecisión. Un régimen de consolidación que no define con claridad cuáles son los requisitos mínimos exigibles, en qué plazos deben cumplirse y qué sucede con quienes no los cumplan es, funcionalmente, otra prórroga del Reinfo. El nombre cambia. La lógica no.

El llamado al Congreso es concreto: incorporar al texto legislativo las precisiones que el MINEM ya anunció. Si esas precisiones son razonables —y el gremio parece creer que lo son, de otro modo pediría más que eso— su inclusión en la norma no debería generar resistencia política. Que no estén en el proyecto actual es, en el mejor de los casos, un descuido técnico. En el peor, una omisión deliberada que preserve el margen de maniobra de futuros ejecutivos para interpretar la norma con flexibilidad.

El riesgo de aprobar otra norma que no se cumple

Perú tiene un problema estructural que va más allá de la Ley MAPE: aprueba normas mineras que no se ejecutan. El Reinfo es el ejemplo más visible, pero no el único. La consulta previa existe en la ley y genera retrasos de años en la práctica. Los instrumentos de gestión ambiental tienen plazos legales que la burocracia desborda sistemáticamente. La brecha entre la norma escrita y la norma aplicada es uno de los factores que más pesa en las evaluaciones de riesgo de los inversionistas institucionales que analizan al país desde Toronto o Londres.

Si la Ley MAPE se aprueba con el régimen de consolidación en su forma actual —ambigua, sin plazos vinculantes, sin consecuencias claras para el incumplimiento— el resultado previsible es conocido: miles de operadores ingresarán al nuevo registro, los plazos vencerán, el Congreso aprobará una prórroga, y en cinco años habrá un nuevo debate sobre cómo formalizar a quienes no se formalizaron bajo la Ley MAPE. El ciclo que comenzó con el Reinfo no habrá terminado: habrá mutado.

La SNMPE tiene razón en el diagnóstico. La pregunta es si el Congreso tiene la disciplina legislativa para corregirlo antes de votar. En un año electoral que se acerca, esa disciplina suele escasear.