Tía María: Southern Perú inicia modificación de EIA con participación ciudadana hasta septiembre

Southern Perú acaba de mover una ficha que llevaba años atascada. El 14 de septiembre, la subsidiaria peruana de Grupo México dio inicio formal al proceso de participación ciudadana para la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de Tía María, el proyecto cuprífero en el valle de Tambo, Arequipa, que durante más de una década ha sido el símbolo más costoso de la conflictividad minera en el Perú. El proceso se extenderá hasta el 27 de septiembre y cubre tres cambios específicos: el suministro de agua, la línea eléctrica y los accesos a la unidad minera. Pequeños en apariencia. Estratégicos en la práctica.

Qué cambia en el EIA y por qué importa cada modificación

Una modificación de EIA no es un trámite menor. En el contexto peruano, donde el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) administra uno de los procesos de evaluación más exigentes de la región, cada cambio al instrumento de gestión ambiental debe ser justificado técnicamente, notificado públicamente y sometido a observación ciudadana. El plazo del 14 al 27 de septiembre no es una formalidad: es el ventana legal en la que comunidades, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones formales que el titular del proyecto está obligado a responder.

Los tres componentes que Southern Perú somete a modificación son técnicamente relevantes. El suministro de agua fue históricamente el argumento central de los opositores al proyecto: la versión original del EIA contemplaba extracción del río Tambo, lo que generó el rechazo más duro de los agricultores del valle. Si la modificación consolida el uso exclusivo de agua de mar desalinizada —solución que Grupo México implementó exitosamente en Buenavista del Cobre, Sonora— la empresa estaría cerrando el flanco técnico más vulnerable. La línea eléctrica y los accesos, por su parte, tienen implicaciones directas sobre el trazo de infraestructura en zonas sensibles y sobre la logística durante la fase de construcción, que es cuando la presencia física del proyecto genera mayor fricción con las comunidades.

El detalle de cada ajuste no está aún en el dominio público, pero la lógica regulatoria es clara: Southern Perú está actualizando su instrumento ambiental para reflejar un diseño de proyecto diferente al que generó protestas en 2011 y 2019. Si el MEIA-d aprueba, la empresa tendrá actualizada su habilitación ambiental. Si no aprueba, vuelve al limbo.

El historial que hace de este proceso algo más que un trámite

Tía María tiene una historia regulatoria que pocos proyectos en América Latina pueden igualar en términos de complejidad política. El primer EIA fue rechazado en 2011 por SENACE —entonces el proceso pasaba por el Ministerio de Energía y Minas— tras recibir 138 observaciones de la UNOPS, organismo de Naciones Unidas contratado para revisarlo. El segundo EIA fue aprobado en 2014, pero nunca fue implementado. En 2019, Southern Copper obtuvo la licencia de construcción, pero el gobierno de Martín Vizcarra la suspendió en junio de ese año tras protestas que dejaron tres muertos y decenas de heridos en el valle de Tambo.

Desde entonces, el proyecto acumula una inversión comprometida de US$1,400 millones que no ha podido ejecutarse. Para Southern Copper —que cotiza en NYSE bajo el símbolo SCCO y es controlada por Grupo México— Tía María representaría una capacidad productiva adicional de 120,000 toneladas anuales de cobre. A los precios actuales del metal, eso equivale a ingresos potenciales superiores a US$1,000 millones por año en régimen de operación plena. Cada mes de retraso es, literalmente, pérdida de valor que los accionistas ya descuentan.

El Perú, por su parte, ha visto pasar seis presidentes desde que el proyecto fue suspendido por última vez. La inestabilidad política estructural del país —que según el Banco Mundial ha generado hasta 200 días hábiles adicionales de tiempo de tramitación en proyectos mineros respecto a la región— ha convertido el caso Tía María en un síntoma de algo más amplio: la incapacidad del Estado peruano para construir un marco de gobernanza minera que funcione de manera predecible.

La apuesta de Southern Perú: modificar el instrumento para cambiar la conversación

Iniciar la modificación del EIA en este momento no es casual. El gobierno de Dina Boluarte ha enviado señales —desiguales, pero reales— de querer destrabar la cartera de proyectos mineros pendiente. El Ministerio de Energía y Minas reportó en 2024 una cartera de inversiones en exploración y desarrollo superior a US$53,000 millones. Tía María aparece en esa lista con el estatus más complicado: proyecto con EIA aprobado pero con proceso social interrumpido.

La estrategia de Southern Perú parece estar orientada a dos objetivos simultáneos. Primero, actualizar el instrumento técnico para eliminar los argumentos ambientales que, aunque secundarios frente a la oposición social, son los que el Estado puede objetar formalmente. Segundo, reiniciar el mecanismo de participación ciudadana como señal de buena fe ante SENACE, el Ministerio y eventualmente ante las propias comunidades del valle de Tambo.

La pregunta que el proceso no responde por sí solo es si la oposición de los agricultores del valle de Tambo —que nunca fue exclusivamente técnica— ha cambiado. Las protestas de 2019 no se originaron en una lectura del EIA. Surgieron de una desconfianza acumulada en décadas de relación tensa entre la industria, el Estado y comunidades que se perciben excluidas de los beneficios económicos. Un instrumento ambiental modificado no transforma esa desconfianza. La transforma la negociación directa, los acuerdos concretos y la presencia verificable del Estado como árbitro.

El marco regulatorio peruano: SENACE, participación ciudadana y los tiempos reales

Bajo la normativa vigente, el proceso de participación ciudadana para una MEIA-d está regulado por el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. 028-2008-EM y sus modificaciones). El plazo de 13 días que Southern Perú ha iniciado no agota el proceso. Es la etapa de información y recepción de aportes. Tras esa ventana, SENACE procede a evaluar el expediente modificado, puede solicitar información adicional y emite una resolución. El tiempo total de una modificación de EIA en el Perú puede extenderse entre 12 y 24 meses dependiendo de la complejidad de los cambios y del volumen de observaciones recibidas.

Eso significa que, incluso en el escenario más optimista —aprobación sin contratiempos y sin oposición social activa— Tía María no entraría en construcción antes de finales de 2026. Y la construcción de un proyecto de esta escala toma entre tres y cuatro años. La producción comercial, en el mejor de los casos, no llegaría antes de 2029 o 2030.

Para un Perú que necesita sostener su posición como segundo productor mundial de cobre mientras Chile y la República Democrática del Congo expanden capacidad, esa brecha temporal tiene un costo geopolítico y fiscal que el canon minero regional no cubre.

Lo que la cartera peruana necesita que Tía María demuestre

El valor real de este proceso de participación ciudadana no está solo en Tía María. Está en el efecto demostrativo que tendría sobre el resto de la cartera peruana si el proyecto logra avanzar sin colapso social. Proyectos como Conga —paralizado desde 2012, con US$4,800 millones comprometidos por Newmont y Buenaventura— siguen en una suspensión política que ningún gobierno ha querido enfrentar directamente. Si Southern Perú consigue ejecutar una modificación de EIA, obtener su aprobación y construir un proceso de diálogo que sostenga el avance del proyecto, habrá generado jurisprudencia práctica —no legal, sino política— sobre cómo destrabar lo que lleva más de una década bloqueado.

El riesgo inverso también existe. Si el proceso de participación ciudadana reactiva la oposición organizada del valle de Tambo, si las observaciones formales se convierten en bloqueo político o si el gobierno retrocede ante la primera presión, Tía María consolidará definitivamente su condición de proyecto imposible. Y eso tendría un impacto directo sobre la percepción de riesgo regulatorio que los inversionistas institucionales asignan al Perú en sus modelos de valoración.

Southern Perú abrió un proceso. Ahora el Estado peruano tiene que decidir si lo respalda con presencia, con diálogo y con capacidad de cumplir compromisos. Sin eso, el MEIA-d es solo papel.