Perú supera S/ 2,500 millones en incautaciones contra minería ilegal en 2026

El gobierno peruano ya superó los S/ 2,500 millones en bienes destruidos o incautados en operativos contra la minería ilegal durante 2026. La cifra no es un indicador de éxito: es la medida de un problema que creció durante años sin respuesta proporcional del Estado. Que el número sea récord dice tanto sobre la ofensiva actual como sobre la omisión acumulada.

90 operativos, 15 días, una señal al mercado

En la primera quincena de agosto, las fuerzas de interdicción ejecutaron 90 operativos en distintas regiones del país. Madre de Dios concentró la mayor intensidad: 48 intervenciones que resultaron en más de S/ 299 millones en maquinaria, equipos e insumos destruidos o incautados en esa sola región. El ritmo de acción es inusual para los estándares peruanos, donde las operaciones contra la minería informal e ilegal han sido históricamente episódicas y con escasa continuidad institucional.

Lo que cambia en 2026 no es solo la frecuencia. Cambia la escala de los bienes intervenidos, lo que sugiere que las operaciones están alcanzando redes con mayor capitalización —no solo pequeños extractores de subsistencia, sino estructuras logísticas organizadas con inversión relevante en equipo pesado. Destruir o incautar ese tipo de activos tiene un efecto disuasivo distinto al decomiso de herramientas menores.

Para el sector formal, la señal es relevante: el Estado está demostrando voluntad operativa en zonas donde la minería ilegal compite directamente por territorios, mano de obra y reputación internacional. Eso tiene valor, aunque todavía insuficiente.

Madre de Dios: el epicentro que no cierra

La concentración de operativos en Madre de Dios no es casualidad. La región amazónica es el nodo crítico de la minería aurífera ilegal en Perú, con décadas de deforestación documentada, contaminación por mercurio en cuencas hidrográficas y presencia de redes criminales que operan con una estructura logística comparable a la de proyectos formales. La diferencia es que esas redes no pagan derechos, no cumplen estándares ambientales y no reportan a ninguna autoridad.

S/ 299 millones intervenidos en 15 días en Madre de Dios es una cifra que dimensiona la escala del problema. Si ese es el monto de activos expuestos en dos semanas de operativos, el valor total del ecosistema ilegal en la región supera con creces lo que el Estado ha podido tocar hasta ahora. La minería ilegal en Madre de Dios genera, según estimaciones del Ministerio del Ambiente, pérdidas ambientales que se cuentan en miles de hectáreas deforestadas por año — daño que no aparece en ningún balance fiscal pero que el país absorbe en biodiversidad perdida y en costos de salud pública por contaminación de ríos.

El problema estructural es que Madre de Dios ha sido zona de interdicción recurrente durante más de una década sin que la actividad ilegal ceda de manera sostenida. Los operativos destruyen maquinaria; la maquinaria se repone. Las rutas se cierran; se abren nuevas. Sin una estrategia de formalización económicamente viable para los extractores y sin presencia institucional permanente en el territorio, los golpes de interdicción tienen un horizonte de efecto limitado.

El costo de la informalidad para el sector formal

La minería ilegal no afecta solo al Estado en términos de tributos no recaudados. Afecta directamente a las empresas que operan dentro del marco legal. Primero, por la presión sobre los precios del oro en mercados informales que distorsionan los costos de referencia local. Segundo, porque la reputación del país como productor responsable se erosiona cuando los reportes internacionales de deforestación y contaminación mercurial asocian a Perú con prácticas que las mineras formales no realizan pero que el mercado global tiende a generalizar.

Las certificadoras internacionales de cadena de custodia del oro — desde la London Bullion Market Association hasta los estándares del Responsible Minerals Initiative — presionan cada vez más a los productores formales peruanos a demostrar trazabilidad. Esa presión tiene un costo operativo real que las empresas que actúan dentro del marco legal absorben, mientras los operadores ilegales no cargan con ninguno de esos costos de cumplimiento.

Buenaventura, la mayor minera peruana de capital local con operaciones de plata y oro, y otras empresas del sector formal han señalado en distintos foros que la coexistencia de la minería ilegal organizada en sus zonas de influencia representa un riesgo operativo concreto: desde la invasión de concesiones hasta la presión sobre comunidades que mantienen relaciones con ambos sectores simultáneamente.

El marco legal de la interdicción: qué tiene el Estado y qué le falta

Perú cuenta desde 2012 con un marco legal específico para combatir la minería ilegal, complementado por el proceso de formalización minera integral (REINFO) que ha tenido múltiples prórrogas y resultados magros. El REINFO fue diseñado para ofrecer una ruta de salida de la informalidad hacia la operación legal; en la práctica, se convirtió en un mecanismo que muchos operadores usan para diferir sanciones sin avanzar hacia el cumplimiento real.

La brecha entre interdicción y formalización es el nudo del problema. Los operativos destruyen activos, pero no cambian la ecuación económica que hace que la minería ilegal sea más rentable que la formal para ciertos actores en ciertas geografías. Mientras el proceso de obtención de una concesión legal puede tomar años y costos que un pequeño extractor no puede asumir, la minería ilegal ofrece retorno inmediato con riesgo de sanción que históricamente ha sido bajo.

El Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tienen competencias sobre la formalización y la sanción ambiental, respectivamente, pero la coordinación interinstitucional ha sido un punto débil recurrente. Los operativos de interdicción involucran a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y fiscales especializados — una articulación que funciona para golpes puntuales pero que no sostiene presencia territorial continua.

2026: ¿cambio de estrategia o intensificación táctica?

La pregunta que deja la cifra de S/ 2,500 millones es si estamos ante un cambio estructural de estrategia o ante una intensificación táctica sin modificación del modelo de respuesta. Los operativos masivos generan titulares y cifras de bienes incautados. Lo que no generan, por sí solos, es reducción sostenida de la actividad ilegal en el mediano plazo.

Para que los golpes de 2026 se traduzcan en algo más que estadísticas de interdicción, el gobierno peruano necesita tres cosas simultáneas: presencia institucional permanente en las zonas intervenidas después de los operativos, una ruta de formalización que sea económicamente accesible y políticamente ejecutable, y coordinación con países vecinos — especialmente Brasil y Bolivia — desde cuyos territorios ingresan equipos, combustible e insumos que alimentan la minería ilegal en Madre de Dios.

Sin esos tres elementos, los S/ 2,500 millones en bienes destruidos o incautados serán, al cierre del año, un número impresionante en un informe gubernamental y poco más. El sector formal peruano —que suma exportaciones por más de US$33,000 millones anuales y sostiene cerca del 60% de las divisas del país— necesita que la estrategia contra la minería ilegal sea tan persistente como el problema que enfrenta. Los operativos son necesarios. No son suficientes.