Allseas y The Metals Company enfrentan impugnación legal por violación de derecho marítimo internacional

Un análisis jurídico respaldado por Greenpeace concluyó que el contrato operativo entre Allseas, el gigante offshore suizo-holandés, y The Metals Company (TMC, Nasdaq: TMC) viola directamente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). La acusación no es menor: si los argumentos prosperan ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), el proyecto de minería en el fondo oceánico más avanzado del mundo enfrentaría una impugnación legal con capacidad real de paralizar operaciones antes de que comiencen.

El contrato bajo la lupa: qué dice el análisis jurídico

El análisis fue elaborado por un académico con vinculaciones a Greenpeace y examina los términos del acuerdo mediante el cual Allseas operaría el sistema de extracción de nódulos polimetálicos desarrollado para TMC en la Zona de Clarion-Clipperton, en el Pacífico norte. La tesis central: Allseas no es una mera contratista técnica, sino un operador con responsabilidades sustanciales sobre las actividades de extracción. Esa distinción importa porque UNCLOS establece con precisión quién puede operar en la Zona —el área internacional de fondos marinos que la ONU considera “patrimonio común de la humanidad”— y bajo qué condiciones.

UNCLOS exige que las actividades de extracción en la Zona sean realizadas directamente por la ISA, por entidades patrocinadas por estados miembro, o bajo esquemas asociativos específicos. El análisis argumenta que la estructura contractual entre Allseas y TMC no encuadra en ninguno de esos supuestos de manera limpia. Si Allseas ejerce control operativo efectivo, podría calificarse como un operador no autorizado bajo el marco jurídico del tratado.

TMC, por su parte, mantiene que su estructura cumple plenamente con los requisitos de la ISA y que Allseas opera como contratista subordinada, no como operadora independiente. La empresa obtuvo su contrato de exploración a través de Nauru Ocean Resources Inc. (NORI), patrocinada por el gobierno de Nauru. La discusión, entonces, es esencialmente sobre control operativo real versus estructura jurídica formal.

La ISA en el centro del tablero: una institución bajo presión sin precedentes

El momento en que emerge esta disputa no es casual. La ISA atraviesa una crisis de gobernanza que arrastra desde 2021, cuando Nauru activó la cláusula de “regla de los dos años” de UNCLOS para forzar al organismo a finalizar las regulaciones de explotación comercial. Ese plazo venció en julio de 2023 sin que la ISA adoptara un código de minería definitivo. El organismo sigue sin consenso.

En ese vacío regulatorio, TMC tomó una decisión que sacudió al sector: solicitó a la ISA una licencia de explotación comercial antes de que existieran regulaciones aprobadas. La ISA respondió con cautela, pero sin una negativa definitiva. Hoy, el organismo con sede en Kingston, Jamaica, es el árbitro involuntario de una tensión entre los países que quieren acelerar el acceso a minerales críticos —níquel, cobalto, manganeso, cobre— y los que exigen mayor evidencia científica sobre el impacto ambiental en ecosistemas de aguas profundas.

El nuevo análisis jurídico añade otra capa de presión. Si la ISA debe ahora pronunciarse no solo sobre la viabilidad ambiental del proyecto de TMC, sino también sobre la legalidad de su estructura operativa, los tiempos se extienden y la incertidumbre se profundiza.

Allseas y TMC: la ingeniería más avanzada del sector frente a su mayor obstáculo

Allseas construyó el Hidden Gem, un buque de extracción de nódulos reconvertido a partir de un barco de instalación de tuberías, que TMC utilizó para completar pruebas piloto en 2022. Los resultados técnicos fueron considerados exitosos por la empresa: extrajeron nódulos polimetálicos a más de 4,000 metros de profundidad y los transfirieron a superficie en condiciones controladas. El paso siguiente era escalar a operación comercial.

TMC estimó en su momento que los nódulos de la Zona de Clarion-Clipperton contienen suficiente níquel para electrificar 280 millones de vehículos, más cobalto del que existe en las reservas terrestres conocidas de la tierra. Para los inversores en metales de batería, esa proyección tiene un atractivo evidente. Para los Estados costeros del Pacífico y las organizaciones ambientales, representa una amenaza sobre ecosistemas que la ciencia no termina de comprender.

El problema jurídico que señala el análisis reciente no ataca la tecnología de Allseas ni los datos geológicos de TMC. Ataca la arquitectura legal que sostiene la operación. Y esa es precisamente la vulnerabilidad más difícil de defender: si la estructura contractual debe ser rediseñada para cumplir con UNCLOS, el cronograma operativo se resetea.

El contexto geopolítico que complica la ecuación

Estados Unidos firmó ejecutivamente un decreto en marzo de 2025 que declara los minerales de los fondos marinos como activos de seguridad nacional y ordena acelerar el proceso de licenciamiento doméstico e internacional. La administración Trump —que históricamente ha mostrado escepticismo ante los mecanismos multilaterales de la ONU— señaló que Estados Unidos podría avanzar unilateralmente en proyectos de aguas profundas si la ISA no actúa con la celeridad suficiente.

Ese contexto hace que la disputa jurídica en torno a TMC y Allseas no sea solo una discusión académica sobre UNCLOS. Es una prueba de tensión para el multilateralismo en la gobernanza de recursos comunes. Si TMC logra operar bajo un esquema que la ISA acepta de facto, aunque cuestiones legales permanezcan sin resolver, se abre una puerta que otros proyectos usarán. Si la ISA frena el proyecto por razones jurídicas o ambientales, el argumento unilateralista de Washington gana terreno.

Países como China —que tiene sus propios contratos de exploración en la ISA— y la Unión Europea —que lidera la posición de moratoria preventiva— observan el caso TMC como un precedente que definirá las reglas del juego para la próxima década de minería oceánica.

Lo que esta disputa revela sobre el riesgo regulatorio en la minería de nuevas fronteras

Para cualquier ejecutivo o analista que evalúe proyectos en zonas de jurisdicción internacional —o simplemente que monitoree el mercado de metales de batería— el caso TMC-Allseas ofrece una lección que va más allá de los fondos marinos.

Primero: la ausencia de regulación no equivale a permiso. TMC operó durante años bajo un marco de exploración que la ISA toleró. Pero la transición hacia explotación comercial activa una capa de requisitos sustancialmente distintos, y la estructura jurídica que fue suficiente para explorar puede no serlo para extraer.

Segundo: los contratos entre operadores privados no son inmunes al escrutinio internacional. Allseas y TMC diseñaron su acuerdo bajo lógica comercial privada, pero UNCLOS impone restricciones que trascienden el derecho contractual de cualquier jurisdicción nacional. El análisis jurídico no cuestiona si el contrato es válido bajo ley holandesa o suiza — cuestiona si es válido bajo derecho internacional.

Tercero: el respaldo de un estado pequeño no garantiza cobertura regulatoria plena. Nauru patrocina a NORI con genuina intención de cumplir los requisitos de la ISA, pero el pequeño estado insular del Pacífico no tiene la capacidad técnica ni institucional para supervisar una operación de esta escala. Esa brecha entre patrocinio formal y supervisión real es exactamente el tipo de vulnerabilidad que los cuestionamientos legales explotan.

Greenpeace como actor jurídico: la táctica que cambió

Que Greenpeace respalde un análisis académico y no una campaña de imagen pública revela un cambio de táctica relevante. Las organizaciones ambientales aprendieron en conflictos anteriores —minería en ecosistemas sensibles en Ecuador, proyectos en zonas protegidas en Colombia— que el litigio estratégico frena proyectos con mayor eficacia que la presión mediática. Un análisis de 40 páginas sobre UNCLOS entregado a la ISA, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) o a un estado miembro que lo eleve como objeción formal, tiene consecuencias procesales concretas que un comunicado de prensa no tiene.

La pregunta que TMC y sus inversores deben responder ahora no es si el análisis jurídico es correcto o incorrecto. Es cuánto tiempo y capital adicional requerirá responder esa pregunta ante los organismos competentes. Cada mes de incertidumbre legal tiene un costo sobre el precio de la acción, sobre los compromisos con Allseas y sobre la credibilidad de los cronogramas que TMC presentó a sus accionistas.

La minería en aguas profundas prometía ser el nuevo frente de la cadena de suministro de minerales críticos. Puede serlo todavía. Pero antes de que el primer nódulo comercial llegue a superficie, esta industria tendrá que resolver un problema que ninguna ingeniería puede solucionar: la legitimidad jurídica de operar en el único recurso que, según el derecho internacional, no le pertenece a nadie — y por eso mismo, le pertenece a todos.