Dos años de parálisis tienen precio: 3,500 millones de dólares que Panamá dejó de recibir desde que Cobre Panamá cerró sus puertas en noviembre de 2023. La cifra la puso sobre la mesa First Quantum Minerals (TSX: FM), y aunque proviene de la empresa más interesada en reabrir la mina, la magnitud del dato no admite debate político cómodo. Para una economía cuyo PIB ronda los 75,000 millones de dólares, esa pérdida acumulada equivale a más del 4% del producto nacional en el período — una sangría que ningún otro sector ha podido compensar.
El costo de una decisión que se tomó en la calle
La suspensión de Cobre Panamá no fue un fallo regulatorio ordinario. Fue la respuesta del gobierno de Laurentino Cortizo a protestas masivas que paralizaron el país en octubre y noviembre de 2023, cuando miles de panameños salieron a rechazar el contrato de concesión que el Estado había negociado con First Quantum. La Corte Suprema ratificó la inconstitucionalidad del contrato y la mina se detuvo. Lo que nadie cuantificó entonces con suficiente claridad es lo que First Quantum expone ahora: que el costo fiscal, laboral y macroeconómico de esa decisión lleva acumulados 3,500 millones de dólares — y sigue corriendo.
Cobre Panamá era, antes de su cierre, la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y una de las diez más grandes del mundo. Producía alrededor de 350,000 toneladas de cobre al año, representaba aproximadamente el 1.5% del suministro global del metal y aportaba entre el 3% y el 5% del PIB panameño en sus años de operación plena. Cuando se apagó, el gobierno de turno no encontró un reemplazo. No hay uno disponible.
Panamá sin su mayor activo exportador
El perfil exportador de Panamá está dominado por los servicios — logística, financiero, Canal — y eso hace que la pérdida minera sea aún más visible en la balanza de pagos. Cobre Panamá representaba la mayor fuente individual de exportaciones de bienes del país. Su suspensión eliminó de golpe uno de los pocos sectores que generaba divisas por producción física, no por intermediación.
La Contraloría General de la República registró una contracción severa en el rubro de exportaciones de minerales desde finales de 2023. El sector manufacturero y agropecuario no tiene la escala para compensar ese vacío. Peor aún: la ausencia de la mina afecta directamente la recaudación tributaria, los ingresos por regalías y el empleo directo de más de 8,000 trabajadores que la operación sostenía en su fase activa, más una cadena de proveedores locales y regionales.
First Quantum estima que el Estado panameño ha dejado de percibir pagos de regalías, impuestos sobre la renta y otros conceptos vinculados a la concesión a lo largo de estos dos años. Esa proyección acumulada es parte del argumento central que la empresa canadiense sostiene en el arbitraje internacional que inició contra Panamá ante el CIADI — el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
El arbitraje CIADI: un riesgo soberano que va creciendo
First Quantum presentó su demanda de arbitraje internacional reclamando más de 20,000 millones de dólares en compensación. Es una cifra que supera el presupuesto nacional de Panamá para varios ejercicios fiscales combinados. El gobierno del presidente José Raúl Mulino, que asumió en julio de 2024, heredó el litigio y enfrenta una disyuntiva que sus predecesores crearon pero no resolvieron.
Reabrir la mina requiere un nuevo contrato constitucional. Ese contrato necesita pasar por la Asamblea Nacional. Y cualquier legislador que lo apoye enfrenta el riesgo político de repetir el escenario de 2023. La ecuación es paralizante: el silencio político cuesta 3,500 millones ya contabilizados, más el pasivo jurídico de un arbitraje cuyo veredicto podría ser devastador. Pero actuar tiene un costo electoral que ningún partido quiere pagar primero.
La gestión Mulino ha mantenido contactos discretos con First Quantum, sin compromisos públicos. El problema es que los plazos del arbitraje no esperan los ciclos electorales. Un tribunal internacional no pondera la sensibilidad social de los manifestantes que llenaron las calles de Ciudad de Panamá hace dos años.
Cobre Panamá en el mapa global del cobre: lo que el mercado perdió
La salida de Cobre Panamá del mercado coincidió con un ciclo de precios alcista para el cobre. El metal cotiza en el LME por encima de 9,000 dólares por tonelada métrica, con picos que superaron los 10,000 dólares durante 2024, impulsado por la demanda de energías renovables, vehículos eléctricos y la infraestructura de transmisión que la transición energética global exige. Cada tonelada que Cobre Panamá no produjo durante estos dos años fue una tonelada que el mercado tuvo que buscar en Chile, Perú o la República Democrática del Congo.
Para First Quantum, el daño es múltiple. La empresa perdió su activo más rentable en un momento en que el precio del cobre hacía que ese activo valiera más que nunca. Su deuda aumentó, sus calificaciones crediticias se deterioraron y sus acciones en la TSX acumularon una caída pronunciada desde el cierre. La empresa canadiense, que tiene también operaciones en Zambia, Mauritania y Australia, sobrevivió el golpe financiero — pero Cobre Panamá era su joya de corona.
El USGS estimó que la suspensión de la mina quitó entre 300,000 y 350,000 toneladas anuales de cobre del suministro global. En un mercado que el Wood Mackenzie y otros analistas proyectan con déficit estructural hacia 2030, esa producción no es recuperable con otro activo de la misma magnitud en el corto plazo. Construir una mina de esa escala toma entre diez y quince años desde la exploración hasta la producción comercial.
El precedente regional y la señal para inversionistas
Lo que sucede en Panamá no se queda en Panamá. Los inversionistas institucionales y las mineras con proyectos en fase de desarrollo en toda América Latina están observando el caso con atención clínica. La pregunta que se hace cualquier director de inversiones que evalúa un proyecto en Ecuador, Colombia o incluso Perú es directa: si Panamá — con un Estado de derecho relativamente consolidado y acceso a financiamiento internacional — puede encontrarse en una situación donde una sentencia de la corte suprema cancela un contrato de concesión vigente y deja a la empresa sin recurso operativo inmediato, ¿cuál es el riesgo equivalente en jurisdicciones con instituciones más frágiles?
La respuesta que el mercado ha formulado se lee en las primas de riesgo que los proyectos en fase temprana en Centroamérica y el Caribe deben ofrecer para atraer capital. La percepción de riesgo regulatorio escaló después de noviembre de 2023. Los 3,500 millones de dólares que First Quantum presenta como pérdida panameña son también el costo implícito de esa prima de riesgo elevada para toda la región.
¿Cuánto más puede esperar Panamá?
El gobierno Mulino tiene ante sí una ventana que se estrecha. First Quantum opera bajo presión financiera propia y necesita una resolución. El arbitraje CIADI avanza. Y cada trimestre de inactividad suma cientos de millones de dólares adicionales al costo acumulado que la empresa documentará ante el tribunal internacional.
Panamá, mientras tanto, financia un déficit fiscal que el cierre de Cobre Panamá profundizó. Las agencias calificadoras han señalado la situación fiscal del país con cautela creciente. Fitch recortó la perspectiva de su calificación soberana en 2024, citando entre otros factores el impacto económico de la suspensión minera y la incertidumbre sobre su resolución.
El Canal de Panamá sigue siendo el activo estratégico que sostiene la imagen crediticia del país. Pero ni la logística ni los servicios financieros pueden reemplazar la producción industrial que Cobre Panamá representaba. La diversificación que Panamá necesita hacia bienes exportables con valor agregado no se construye en dos años — y mientras el debate político se alarga, el contador de los 3,500 millones sigue avanzando.
First Quantum no publicó ese número para hacer relaciones públicas. Lo publicó para que los panameños, sus legisladores y su presidente calculen lo que cuesta seguir sin decidir.
