Trump envió este miércoles a su secretario del Interior, Doug Burgum, a Caracas con una misión clara: empujar un nuevo ciclo de inversión en petróleo, gas y minería, ahora bajo un marco político que Washington busca moldear de forma directa. Burgum llegó acompañado por representantes de más de dos decenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos y se reunió en Miraflores con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El viaje ocurre en un momento de alta sensibilidad. Fuerzas de Estados Unidos capturaron en enero a Nicolás Maduro durante una operación que cambió el tablero interno y abrió una etapa de tutela y presión desde Washington. En público, Trump ha elogiado la cooperación de Rodríguez y ha insistido en que el flujo petrolero “ya empieza a moverse”. En privado, el mismo gobierno mantiene palancas legales y políticas para acelerar detenciones y extradiciones de exfuncionarios clave.
La reforma minera ya aparece como la pieza más inmediata. Rodríguez dijo que presentará “en los próximos días” un proyecto para modificar la principal ley minera del país. La propuesta, según lo expuesto en Caracas, abriría espacio para que empresas extranjeras exploten oro, diamantes y tierras raras, con una ruta legislativa que su equipo quiere rápida.
Burgum vendió la visita con un lenguaje de inversión y empleo. Habló de “miles” de puestos bien pagados y de “miles de millones de dólares” potenciales, mientras pedía recortar trámites y acelerar permisos. En paralelo, Reuters reportó que Burgum planea reuniones con actores de petróleo y gas para discutir expansión y nuevos desembolsos.
El componente energético no va aparte, va primero. Washington ya tomó control de las exportaciones petroleras venezolanas tras la captura de Maduro y canaliza los ingresos a un fondo supervisado por Estados Unidos en Qatar, según declaró el secretario de Energía, Chris Wright. Para finales de febrero, Wright estimó ventas por unos 2,000 millones de dólares bajo el acuerdo y habló de volúmenes cercanos a 40 millones de barriles vendidos alrededor de 50 dólares por barril.
Ese flujo sirve como garantía y como palanca. La Casa Blanca también impulsa un plan de reconstrucción que se ha descrito en el entorno de los 100,000 millones de dólares, con el objetivo de levantar infraestructura y atraer a grandes jugadores que antes operaron en el país. Rodríguez, por su parte, ya planteó cambios a la ley de hidrocarburos para facilitar inversión en campos subdesarrollados, aunque aún no detalla cómo ajustará el requisito histórico de mayoría estatal.
En minería, el atractivo existe y no es menor. Venezuela concentra recursos de oro, cobre, diamantes, bauxita y coltán, además de otros minerales industriales. AP recuerda que del coltán se obtienen niobio y tantalio, insumos clave para electrónica y baterías, y que la bauxita alimenta la cadena del aluminio, que Estados Unidos considera estratégico.
El reto real no está en el subsuelo, sino en las reglas y la ejecución. La industria venezolana ha operado por años con debilidad institucional, cuellos de botella eléctricos y un entorno de sanciones. Un reporte del USGS resume que, incluso antes de los giros políticos recientes, la producción de varios minerales y del propio crudo cayó con fuerza en 2020 por choques económicos y operativos. Ese mismo documento describe marcos legales que han reservado participaciones mayoritarias al Estado en proyectos mineros, además de regalías, lo que da contexto a la urgencia de “reformar” para atraer capital.
Aquí aparece el argumento a favor de la minería formal, y conviene decirlo sin romanticismos. Si Caracas abre el sector con reglas claras, trazabilidad y fiscalización, puede desplazar parte del negocio ilegal y capturar renta pública con empleos formales. Venezuela necesita justamente eso: inversión que llegue con estándares y que reduzca improvisación. El problema es que ese “si” exige capacidades de Estado que hoy lucen frágiles.
Las alertas sociales y ambientales ya están documentadas. AP señala que la minería venezolana arrastra condiciones inseguras y poca regulación en varias zonas. En el sur, organizaciones han descrito cómo el oro ilegal se mezcla con violencia y control territorial, con impactos directos sobre comunidades e instituciones locales.
El tema no es abstracto para México. Parte del oro ilegal en la Amazonía se beneficia de cadenas regionales de insumos como el mercurio, cuyo comercio ilícito ha mostrado rutas y presiones criminales en el continente. En otras palabras, cuando un país formaliza minería y corta mercado negro, el efecto se siente más allá de sus fronteras.
También hay una lectura geopolítica que explica la prisa de Washington. Estados Unidos quiere reducir dependencia de China en minerales críticos, tras episodios de restricciones y tensiones comerciales que golpearon cadenas de suministro. La visita de Burgum se enmarca en esa lógica: asegurar acceso, apuntalar oferta y empujar proyectos que den materia prima a industrias de alto valor.
Desde México, el ángulo industrial importa. La región de Norteamérica busca consolidar cadenas para autos, aeroespacial y electrónicos, donde el aluminio y el tantalio pesan más de lo que parece en una factura. Si Venezuela abre la puerta a inversión seria, México puede ganar por integración manufacturera, pero también enfrenta el reto de exigir trazabilidad para que minerales “críticos” no lleguen manchados por ilegalidad.
Mi análisis es directo: el movimiento de Trump combina pragmatismo energético con una apuesta por minerales estratégicos, pero camina sobre una cuerda floja. La inversión puede reactivar activos y profesionalizar operaciones, y eso siempre resulta preferible al vacío que llenan mafias. Al mismo tiempo, un modelo basado en presión política y control externo de flujos petroleros puede sembrar resistencias internas y riesgos jurídicos para inversionistas. El éxito dependerá menos de los anuncios y más de contratos ejecutables, supervisión ambiental y reglas estables.
