El sector minero en Sinaloa convirtió el arranque del III Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 en un reclamo público. La ceremonia abrió con un minuto de silencio por los trabajadores desaparecidos y asesinados en Concordia. El gesto no fue protocolario. Marcó el tono de una industria que hoy exige justicia y condiciones mínimas para operar sin miedo.
El congreso se realizó en Mazatlán y reunió a 120 empresas de Canadá, Estados Unidos y Australia. Ahí, Rubén de Jesús del Pozo pidió a las autoridades garantizar seguridad en las regiones mineras. También sostuvo que la minería es una actividad profesional, sustentada en ciencia y tecnología, y no debe convertirse en un trabajo de alto riesgo. El mensaje resumió la preocupación central del sector: proteger a sus trabajadores y evitar que la violencia expulse inversión y empleo.
El caso que detonó ese reclamo comenzó el 23 de enero en el proyecto Pánuco, en Concordia. Vizsla Silver informó el 28 de enero que diez personas fueron tomadas de su sitio de proyecto. Como medida preventiva, la empresa suspendió ciertas actividades cercanas a la zona. Días después, la propia compañía reportó que varias familias habían recibido noticias sobre el fallecimiento de sus familiares. Para el 5 de marzo, Vizsla confirmó dos muertes adicionales y dejó el saldo en siete trabajadores asesinados y tres desaparecidos.
El impacto rebasó el expediente penal. Durante la inauguración del congreso, la atmósfera reflejó la crisis de seguridad que golpea al sur de Sinaloa. La Jornada reportó una menor afluencia de empresas, porque varias cancelaron su asistencia por temor a la violencia en la sierra de Concordia. Eso importa más de lo que parece. Cuando una compañía evita una región, también se frenan contratistas, transporte, compras locales y oportunidades para comunidades que dependen de la actividad formal.
La propia dirigencia minera lo dijo sin rodeos: sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no hay bienestar. La frase puede sonar dura, pero describe una cadena económica real. Sinaloa cuenta con 35 proyectos mineros y al menos cinco son considerados claves para el desarrollo regional. Si el Estado no garantiza rutas seguras, presencia institucional y capacidad de investigación, la cuenta no la paga solo una empresa. La pagan trabajadores, proveedores, municipios serranos y familias enteras.
Conviene subrayar otro punto. El proyecto Pánuco no es una operación menor ni un activo marginal. La empresa lo define como su proyecto insignia de plata y oro en Sinaloa. Su estudio de factibilidad, publicado en noviembre de 2025, estimó una producción anual de 17.4 millones de onzas equivalentes de plata durante 9.4 años. El mismo documento calculó un valor presente neto después de impuestos de 1,800 millones de dólares. La compañía aclaró que aún no ha tomado una decisión final de producción.
Por eso el reclamo de justicia no sólo responde a una tragedia humana. También defiende la continuidad de una actividad que puede ordenar empleo formal, inversión y gasto local. A escala nacional, la minería registró un PIB de 940,690 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025. En el primer trimestre de 2025 ocupó a 278 mil personas y reportó un salario promedio mensual de 11.5 mil pesos. Data México también ubica a Sinaloa entre las entidades con alta afinidad productiva para esta industria.
En estados serranos, la minería suele cumplir una función que pocas actividades igualan. Genera empleos formales donde la economía informal domina y abre demanda para talleres, transporte, alimentos y servicios. También empuja infraestructura y capacitación técnica. Ese efecto no desaparece cuando un proyecto se detiene. Se rompe de golpe, y el vacío lo aprovechan actividades ilegales que destruyen tejido social y confianza.
Esa realidad económica no justifica atajos ni silencios. Al contrario. Obliga a exigir un Estado capaz de proteger vidas y sostener el estado de derecho. La minería responsable, la que el propio sector reivindica, requiere reglas claras, supervisión, seguridad laboral y comunidades con garantías básicas. Cuando la violencia manda, el discurso de sostenibilidad pierde piso y la competitividad se vuelve frágil.
El entorno de Sinaloa explica la gravedad del momento. El País reportó que el estado arrastra desde septiembre de 2024 una guerra entre facciones criminales, con altos niveles de homicidios y desapariciones. Aunque marzo de 2026 muestra una baja relativa en asesinatos, la población de zonas como Mazatlán y Culiacán sigue viviendo los efectos de la inseguridad. En ese contexto, la tragedia de Concordia no luce como un hecho aislado. Luce como la expresión más brutal de un deterioro que ya afecta la vida cotidiana y la actividad económica.
Vizsla Silver ha reiterado que coopera con las autoridades mexicanas y que su prioridad inmediata es la seguridad y el bienestar de las personas afectadas. Esa postura es la correcta, pero no basta por sí sola. Ninguna estrategia corporativa sustituye la función del Estado. Cuando una empresa suspende actividades por precaución, reconoce un límite elemental: la inversión privada no puede reemplazar la seguridad pública.
El propio congreso deja una señal contradictoria. Por un lado, mostró que Sinaloa mantiene atractivo para empresas y especialistas internacionales. Por otro, evidenció que ese atractivo se vuelve frágil cuando la violencia entra a la ecuación. El homenaje a los trabajadores de Concordia fue un acto de duelo, pero también una advertencia. La minería mexicana no puede presentarse como sector estratégico mientras sus cuadrillas trabajen con miedo.
Desde una perspectiva editorial, la respuesta pública no debe agotarse en un mensaje de solidaridad. La justicia que exige el sector necesita investigaciones rápidas, identificación plena de las víctimas y castigo para los responsables. Necesita también coordinación real entre federación, estado y municipios. La seguridad para la minería no se resuelve con discursos en un centro de convenciones. Se construye con inteligencia, presencia territorial, carreteras vigiladas y protección efectiva para quienes trabajan en zonas apartadas.
Hay otro ángulo que merece atención. Cada ataque contra un trabajador minero también golpea la confianza sobre México como destino para proyectos estratégicos. El caso Concordia ya cruzó fronteras porque involucra a una empresa canadiense y porque el congreso reunió a firmas de varios países. Cuando un hecho así ocurre en un proyecto de plata y oro con esa visibilidad, el costo reputacional crece. México no puede aspirar a cadenas de valor más sofisticadas si normaliza que una mina opere bajo amenaza.
El fondo del debate, entonces, es simple. La minería puede seguir siendo una palanca de desarrollo regional, pero necesita seguridad real y justicia creíble. Sinaloa tiene recursos, proyectos y conocimiento técnico. Lo que hoy falta no es potencial geológico. Falta certeza para que los trabajadores regresen a casa y para que la inversión no dependa del miedo.
