San Nicolás no enfrenta una duda geológica. Enfrenta un calendario regulatorio. El proyecto, ubicado en Zacatecas, ya cerró las acciones relacionadas con la MIA-R y el ETJ. Ahora espera la resolución oficial que puede abrir la puerta a una decisión final de inversión durante 2026.
Permisos que deciden el calendario
Agnico Eagle reportó que las gestiones ligadas a ambos permisos quedaron completas al cierre de 2025. También informó que la ingeniería superó 30% y apunta a 50% hacia mediados de 2026. La empresa prevé una actualización del proyecto en el segundo trimestre del año. Ese momento marcará el paso previo a una decisión de construcción.
BNAmericas sostuvo que la empresa espera recibir ambas autorizaciones al cierre del segundo trimestre. Con eso, la decisión final de inversión podría llegar en el tercer trimestre. Ese dato explica por qué el expediente ambiental pesa hoy tanto como la geología. Sin permisos, el capital no se mueve.
El monto tampoco es menor. BNAmericas habla de US$1,300 millones. CAMIMEX mantiene una referencia superior a US$1,100 millones. Teck había ajustado en 2022 el capital de desarrollo a un rango de US$1,000 millones a US$1,100 millones, ante el nuevo entorno de costos. La cifra final dependerá de la ingeniería y del calendario.
También conviene mirar la cronología. Teck y Agnico firmaron en 2022 un acuerdo para crear una sociedad 50/50. El cierre del joint venture llegó en abril de 2023. Agnico asumió el compromiso de fondear los primeros US$580 millones de costos del proyecto. Ese esquema redujo parte del riesgo financiero inicial y confirmó el interés de largo plazo de ambos socios.
La empresa no partió de cero en lo social y lo técnico. Teck informó que levantó líneas base ambientales y sociales entre 2018 y 2021. También realizó estudios arqueológicos y trabajo comunitario en la zona. Ese antecedente no sustituye la autorización oficial. Sí muestra que San Nicolás lleva años de preparación y que el atraso actual no responde a improvisación empresarial.
Un depósito con escala real
El atractivo del yacimiento ayuda a entender la presión por destrabarlo. Teck lo describió como el mayor depósito VHMS sin desarrollar en México. Agnico reporta, sobre una base de 50%, reservas probadas y probables de 52.6 millones de toneladas. Esas reservas promedian 1.12% de cobre, 1.48% de zinc, 0.40 gramos por tonelada de oro y 22 gramos por tonelada de plata.
La propia Teck estima una mina a cielo abierto, con procesamiento y flotación, y una vida inicial de 15 años. En sus primeros cinco años, San Nicolás podría producir 63,000 toneladas anuales de cobre y 147,000 toneladas de zinc en concentrados. No se trata de metales menores. La IEA ubica al cobre como insumo central para las redes eléctricas, mientras la industria del zinc destaca su papel en la protección anticorrosiva del acero.
Ese perfil convierte a San Nicolás en algo más que una nueva mina. Lo coloca dentro de la discusión sobre electrificación, cadenas industriales y manufactura. También le da a Zacatecas una palanca productiva concreta. Teck destaca la infraestructura disponible y la mano de obra calificada del estado. La Secretaría de Economía, en su portal minero, señala que el sector minero-metalúrgico aporta 4% del PIB nacional.
En México, esa diferencia debería pesar más. El país necesita distinguir entre proyectos verdes, proyectos maduros y proyectos detenidos por omisión documental. San Nicolás pertenece al segundo grupo. Ya tiene estudio de prefactibilidad, ingeniería en curso, socio operativo y ruta de permisos definida. Cuando un expediente así se atora, el problema rebasa a la empresa. Empieza a volverse un asunto de competitividad nacional.
La prueba para la política minera
Por eso el caso supera a una sola empresa. México carga todavía con un rezago regulatorio que frenó proyectos durante años. Mexico Business News, con datos atribuidos a la Secretaría de Economía, reportó que el gobierno recibió 176 proyectos detenidos, resolvió 110 y dejó 66 pendientes. La misma fuente indicó que Zacatecas redujo su rezago local de 25 permisos a cinco y concentra una cartera potencial superior a US$6,500 millones.
Marcelo Ebrard ya puso la señal política sobre la mesa. Durante la Convención Internacional de Minería 2025, el secretario afirmó que el gobierno busca acelerar permisos pendientes, acortar tiempos y facilitar la inversión. En la versión difundida por la Secretaría de Economía, Ebrard también ligó esa agenda con la seguridad de las cadenas de suministro. El mensaje importa porque San Nicolás produce cobre y zinc, dos metales con peso industrial claro.
Eso no vuelve automático el visto bueno. Un permiso ambiental serio no debe operar como mero trámite. Debe revisar agua, uso de suelo y condiciones de ejecución. Pero una cosa es revisar con rigor y otra muy distinta es congelar expedientes sin calendario. Allí se juega la credibilidad regulatoria de México.
San Nicolás también ofrece una lectura económica más amplia. Si el proyecto arranca, México suma cobre y zinc en un momento en que Norteamérica busca cadenas de suministro más cercanas. Si vuelve a demorarse, el país envía una señal de incertidumbre a otros expedientes avanzados. Esa diferencia pesa en un sector que exige capital intensivo, plazos largos y reglas previsibles. Esta es la señal de fondo que deja el caso.
Zacatecas lo entiende bien. El estado mantiene una vocación minera histórica y una red de proveedores que depende del dinamismo del sector. Cada mes de espera posterga contratos, servicios y decisiones de inversión alrededor del proyecto. No se trata de presionar a la autoridad para que ignore el marco ambiental. Se trata de exigir una respuesta técnica, fundada y oportuna.
El expediente, entonces, ya dejó de ser un asunto corporativo. San Nicolás se volvió una prueba para la política minera mexicana. Tiene reservas, escala, socios con capacidad financiera y un perfil metalúrgico alineado con la industria. Lo único que falta no es menor. Falta la decisión regulatoria que convierta el potencial en inversión y producción.
