En Canadá, pocas discusiones fiscales cargan tanto peso político como la que rodea a las arenas bituminosas de Alberta. El debate volvió al primer plano con una columna de opinión publicada por Financial Post y firmada por el fiscalista Kim Moody. Su tesis es directa: las oilsands no disfrutan exenciones especiales, sino que operan bajo reglas tributarias que también alcanzan a otros negocios. El punto importa porque, en el lenguaje público, “subsidio” y “deducción general” suelen mezclarse como si fueran lo mismo.
Conviene empezar por un dato que a menudo se omite. El antiguo esquema de depreciación acelerada específico para proyectos de oil sands ya no define el régimen actual. Ottawa anunció su eliminación gradual hace años, y documentos oficiales lo tratan como una medida extinguida dentro del sistema tributario canadiense. Natural Resources Canada incluso señala que esas allowances aceleradas para oil sands quedaron desfasadas antes que las aplicables a la minería.
Lo que sí existe hoy es la Accelerated Investment Incentive, una herramienta de depreciación adelantada con alcance general. La Canada Revenue Agency explica que aplica a propiedad elegible adquirida después del 20 de noviembre de 2018 y puesta en uso antes de 2028. También aclara algo esencial: el incentivo no cambia la deducción total durante la vida del activo. Solo adelanta una parte del beneficio al primer año y luego reduce las deducciones futuras.
Esa precisión no cancela las críticas. Organizaciones como Canadians for Tax Fairness sostienen que el sector petrolero y gasífero sigue entre los mayores receptores de beneficios fiscales en Canadá. Su estimación indica que, entre 2010 y 2022, el sector recibió 248 mil millones de dólares canadienses en deducciones del impuesto sobre la renta y 16.6 mil millones en créditos fiscales reembolsables. También afirma que las capital cost allowances explicaron casi la mitad de esas ventajas reportadas.
Ahí aparece el nudo del debate. Una cosa es demostrar que la industria aprovecha instrumentos fiscales valiosos. Otra muy distinta es probar que Ottawa diseñó hoy un privilegio exclusivo para las arenas bituminosas. La información oficial disponible respalda más la primera idea que la segunda. Hay incentivos amplios, con efectos relevantes para un sector intensivo en capital, pero no un atajo tributario singular comparable al viejo esquema que Canadá desmontó hace años.
El ejemplo más sensible en la discusión reciente es el crédito fiscal para captura, uso y almacenamiento de carbono. Budget 2025 mantuvo tasas completas por más tiempo, pero dejó una frontera muy clara. El uso elegible del CO2 incluye almacenamiento geológico dedicado y su incorporación en concreto. No incluye enhanced oil recovery, es decir, la recuperación mejorada de petróleo. Ese detalle desarma una parte de la narrativa que presenta al gobierno federal como patrocinador directo de más extracción mediante ese crédito.
También conviene mirar las regalías, porque la conversación pública suele concentrarse solo en impuestos federales. Alberta cobra a los proyectos de oil sands una regalía bruta de entre 1 y 9 por ciento antes del payout. Después del payout, aplica la mayor entre una regalía bruta y una neta de 25 a 40 por ciento. No se trata de un esquema ornamental. Es una vía directa de captura de renta para la provincia propietaria del recurso.
Desde una perspectiva fiscal, esto ayuda a entender por qué las deducciones generales pesan tanto en este negocio. Las arenas bituminosas exigen inversiones iniciales muy elevadas y recuperaciones largas. El propio sistema de regalías distingue entre la etapa previa y posterior al payout, mientras la CRA permite adelantar deducciones de capital dentro de reglas generales. En otras palabras, una norma abierta a todos puede resultar mucho más visible en una industria de activos gigantescos. Esa visibilidad no la convierte por sí sola en un trato especial.
Además, el frente tributario ni siquiera está quieto. La propia CRA informa que, bajo cambios propuestos, la Accelerated Investment Incentive y ciertas medidas de deducción inmediata volverían a aplicarse a propiedad calificada adquirida desde el 1 de enero de 2025 y disponible antes de 2030. Ese dato refuerza otro punto incómodo para críticos y defensores. El marco sigue en revisión y no gira solo alrededor del petróleo. Gira alrededor de la inversión empresarial en Canadá, con reglas que luego impactan más a unos sectores que a otros.
Los críticos, sin embargo, no hablan solo de un beneficio histórico. El Pembina Institute advierte que, en Alberta, la combinación del crédito federal para CCUS, el sistema TIER y otros instrumentos puede superar en 2030 el valor del 45Q estadounidense. Ese señalamiento merece atención. Muestra que la política energética canadiense sí ofrece apoyos significativos cuando busca reducir emisiones y sostener competitividad. Pero incluso ese argumento se centra en el conjunto de incentivos climáticos, no en una exención exclusiva para las oil sands.
Eso no obliga a absolver al sector de toda controversia. Canadians for Tax Fairness reclama más transparencia porque, a su juicio, la falta de datos detallados dificulta saber por qué petróleo y gas concentran una porción tan grande de las deducciones por capital. Esa demanda resulta razonable. Cuando un régimen general genera efectos tan asimétricos, el gobierno debe explicar mejor su costo fiscal y su efecto económico. La defensa del sector gana solidez cuando acepta ese escrutinio, no cuando lo descarta.
Por eso el lenguaje importa. Si todo estímulo amplio se presenta como “regalo” sectorial, la discusión pública pierde precisión y la política también. Canadá necesita distinguir entre deducciones de aplicación general, créditos condicionados a tecnologías específicas y subsidios diseñados solo para una actividad. Meter todo en la misma bolsa puede servir en campaña, pero empobrece el análisis tributario. En un país donde Alberta y Ottawa chocan con frecuencia por energía y clima, esa confusión solo endurece posiciones.
Para el lector mexicano, el caso canadiense deja una lección útil. La calidad del debate energético no depende solo del monto de los apoyos. Depende también de cómo se clasifican. Un incentivo transversal para inversión no equivale automáticamente a una subvención sectorial. Y un crédito climático no necesariamente promueve más producción si la propia norma excluye usos como el enhanced oil recovery. Cuando el vocabulario se vuelve impreciso, la política pública también se vuelve menos transparente.
La evidencia disponible sugiere una conclusión más sobria que el eslogan fácil. Canadá sí ha mantenido herramientas fiscales que favorecen la inversión y, en ciertos casos, la descarbonización del sector energético. Sus críticos tienen base para exigir mayor transparencia sobre su costo agregado. Pero llamar “exención especial” a todo mecanismo que beneficia a las arenas bituminosas borra una diferencia crucial entre reglas generales y privilegios exclusivos. En ese matiz se juega buena parte de la discusión real sobre impuestos, energía y competitividad en Alberta
