Codelco ejecutó este viernes 13 de febrero de 2026 un ajuste mayor en su cúpula operativa. La minera estatal chilena separó de sus cargos a tres ejecutivos vinculados a la División El Teniente. La empresa tomó la decisión tras una auditoría interna que detectó inconsistencias y ocultamientos. Los hallazgos se relacionan con la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial. El foco se ubica en el estallido de roca del 24 de julio de 2023. La medida también se enmarca en la investigación por el accidente del 31 de julio de 2025 en la misma división.
La definición la comunicó la propia corporación desde Santiago. Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, resolvió la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones. También dejó su cargo Claudio Sougarret Larroquete, gerente general de El Teniente. El tercer movimiento alcanzó a Rodrigo Andrades Contreras, gerente de Proyectos de la división. La empresa describió “desviaciones” atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos. Alvarado vinculó el episodio con el estándar de control interno y el deber de cumplimiento.
Codelco cubrió de inmediato los espacios con subrogancias. Lindor Quiroga Bugueño, gerente general de Andina, asumió como vicepresidente de Operaciones interino. Gustavo Reyes Bórquez, desde Ingeniería y Construcción en la Vicepresidencia de Proyectos, tomó como gerente general interino de El Teniente. Claudio Canut de Bon, gerente de Operaciones de Andina, quedó como gerente general subrogante en esa división. Marcelo de Luca Ramirez asumió como gerente de Proyectos interino en El Teniente. La compañía informó estos cambios a la Comisión para el Mercado Financiero. También anunció contacto con autoridades competentes para entregar antecedentes.
Un ajuste que busca blindar gobernanza y trazabilidad
La señal no se limita a un relevo de nombres. El directorio de Codelco habló de una reorganización “radical” en El Teniente. El objetivo apunta a fortalecer la gobernanza y la supervisión operativa diaria. Entre las medidas, la empresa incorporará firmas digitales inalterables en reportes técnicos. Ese detalle resulta clave en un negocio donde cada informe sostiene decisiones de seguridad. También marca la relación con el regulador y con el Ministerio Público. La minera adelantó colaboración con la fiscalía chilena y nuevas auditorías internas.
En minería subterránea, la gobernanza no es un concepto abstracto. Se traduce en permisos, protocolos, trazabilidad y control de cambios. Un reporte técnico no puede funcionar como documento “de oficina”. Ese papel guía ventilación, sostenimiento y planes de extracción. También define cómo se gestiona el riesgo sísmico. El Teniente, por su escala, multiplica el impacto de cualquier falla. No se trata solo de continuidad operacional. Se trata de credibilidad ante Sernageomin y de protección efectiva de trabajadores.
El Teniente opera como la mina subterránea de cobre más grande del planeta. Se ubica en Machalí, Región de O’Higgins, a decenas de kilómetros de Rancagua. Codelco destaca más de 4.500 kilómetros de galerías subterráneas. La división integra mina, concentrador Colón y fundición Caletones. En su cartera aparecen, además, subproductos como molibdeno y plata.
El contexto: 2025, seis fallecidos y presión institucional
La reorganización llega con un antecedente todavía fresco. El 31 de julio de 2025, un accidente en El Teniente dejó seis trabajadores fallecidos, según informó Codelco ante la Comisión de Minería y Energía del Senado. La empresa suspendió operaciones y paralizó la operación subterránea tras la resolución de Sernageomin. Luego inició un retorno gradual desde el 10 de agosto, con autorizaciones del regulador y de la Dirección del Trabajo. El impacto productivo estimado osciló entre 20.000 y 30.000 toneladas de cobre fino. Máximo Pacheco, presidente del directorio, también lo tradujo en cerca de 300 millones de dólares.
En ese marco, cada decisión de continuidad exige respaldo técnico impecable. Por eso, el hallazgo sobre reportes vinculados al estallido de roca de 2023 pesa tanto. El punto no es solo qué ocurrió bajo tierra. El punto también es cómo fluyó la información hacia la autoridad. Cuando una empresa estatal enfrenta un evento fatal, la presión se triplica. La opinión pública exige respuestas. Los sindicatos demandan cambios concretos. El Estado pide garantías, porque la operación sostiene ingresos fiscales y empleo regional.
Sernageomin, por su parte, elevó exigencias para reabrir sectores tras el colapso de 2025. Reportes de prensa basados en información de la autoridad indicaron requisitos más estrictos. Entre ellos, un plan integral de seguimiento y monitoreo para asegurar estabilidad y seguridad. La reapertura avanzó por etapas y mantuvo áreas relevantes con restricciones.
Producción bajo presión y un horizonte de cinco años
La dimensión económica también empuja la decisión. El Teniente no solo aporta volumen. Aporta margen, porque integra activos industriales y experiencia histórica. Sin embargo, la división enfrenta un camino complejo. Claudio Sougarret declaró días antes que la producción se mantendrá reducida durante cinco años. Colocó el nivel en torno a 301.000 toneladas métricas anuales en ese periodo. Esa estimación extendió el horizonte que Codelco manejaba antes. La compañía todavía lidia con cierres parciales y ajustes de seguridad.
La presión por tonelaje ocurre al mismo tiempo que Codelco necesita ejecutar inversiones. Tras el accidente, la empresa revisó proyectos en El Teniente y recortó su guía de producción para 2025. También informó pausas en desarrollos como Andesita, Andes Norte y Diamante, según reportes de agosto de 2025. Ese reacomodo muestra una realidad: sin control operacional sólido, el capex pierde efectividad. Cada dólar de inversión necesita certezas técnicas y regulatorias.
Aquí conviene poner un punto sobre la mesa. La minería moderna no compite solo con ley y tonelaje. Compite con gestión del riesgo. Compite con cultura de seguridad. Compite con calidad de datos. En mi opinión, la decisión de introducir firmas digitales inalterables apunta a ese núcleo. La medida puede reducir dudas internas y externas. También puede acortar tiempos de investigación, porque mejora trazabilidad. Y puede ordenar responsabilidades, algo que en empresas grandes suele diluirse.
Señales para el mercado y para la región de O’Higgins
Aunque Codelco no cotiza como una minera privada clásica, sí enfrenta escrutinio financiero. La empresa se financia en mercados y reporta a la CMF. Por eso, cada episodio de gobernanza afecta costo de capital y confianza. También afecta la conversación sobre permisos y supervisión. En Chile, la minería convive con debates ambientales, laborales y comunitarios. En O’Higgins, El Teniente convive con identidad regional y empleo de alta especialización. En Rancagua y Machalí, el tema no se mira como una nota lejana. Se vive como economía cotidiana.
El giro de Codelco también manda un mensaje interno. La compañía mostró que conectará auditorías con consecuencias ejecutivas. Eso puede reforzar disciplina corporativa, si la empresa mantiene consistencia. La misma Codelco reafirmó compromiso con seguridad, cumplimiento regulatorio y fortalecimiento de controles internos. El reto ahora consiste en pasar del comunicado a la ejecución sostenida.
Para la industria, el caso deja una lección dura. En faenas subterráneas profundas, la sismicidad inducida y los estallidos de roca exigen monitoreo y respuesta rápida. La tecnología ayuda, pero no reemplaza liderazgo y gobernanza. La teleoperación y los centros remotos reducen exposición, pero requieren procedimientos y reportabilidad impecables. Cuando fallan los reportes, falla la capacidad de aprendizaje. Y sin aprendizaje, la operación repite riesgos.
Codelco enfrenta, además, el desafío reputacional. Una empresa estatal no puede permitirse zonas grises con el regulador. La credibilidad se construye con trazabilidad, apertura y consistencia. Si Codelco logra ordenar El Teniente, la industria chilena gana un referente de gestión. También gana un argumento a favor de la minería responsable. Y eso importa en el debate latinoamericano, donde muchos países, incluido México, discuten cómo atraer inversión sin perder legitimidad social.
El movimiento de febrero de 2026 cierra, por ahora, una etapa de decisiones reactivas. Abre otra etapa, más exigente, donde la compañía debe demostrar control interno robusto y seguridad operativa verificable. El Teniente seguirá siendo una mina estratégica. También seguirá bajo la lupa.
