En el mapa minero global, Chihuahua carga con una paradoja difícil de ignorar. Tiene un proyecto que el propio sector perfila como la mayor reserva de plata sin explotar del mundo, pero sigue sin producción comercial. El caso se llama Cordero y, si todo avanza en permisos, podría encender motores en 2027. El calendario no lo define la geología. Lo define el “sí” ambiental.
El proyecto Cordero se ubica en el borde oriental de la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua. La empresa detrás es Discovery Silver Corp. El gobierno estatal lo coloca como el desarrollo más grande de plata sin explotar y, por esa escala, cualquier retraso se vuelve noticia. Rocío Flores, directora de Minería de Chihuahua, explicó que el proyecto ya concluyó exploración y ahora espera el permiso para operar. Ese visto bueno depende de la Secretaría de Medio Ambiente. Si Semarnat libera el permiso en el primer trimestre de 2026, Cordero podría entrar a construcción y, tras alrededor de un año, operar en 2027.
El tamaño ayuda a entender la atención. El estudio de factibilidad que la compañía divulgó en febrero de 2024 apunta a una vida de mina estimada de 19 años. También perfila una producción promedio anual cercana a 37 millones de onzas equivalentes de plata durante los primeros 12 años. La misma información menciona recursos medidos e indicados por 493 millones de onzas, además de mineralización asociada a zinc, plomo y oro. Esa mezcla no solo mejora ingresos potenciales. También exige un diseño fino de procesos y de manejo ambiental.
Aquí conviene aterrizar el concepto “reserva” que se repite en titulares. En minería, el mercado no premia solo el volumen de metal en el subsuelo. Premia la capacidad de convertirlo en producción con permisos, agua disponible, infraestructura y aceptación social. Por eso, tener una de las mayores reservas sin explotar no garantiza operaciones inmediatas. En los hechos, puede significar lo contrario. A mayor escala, mayor escrutinio y más frentes que coordinar.
La nota de Expansión pone el foco en el trámite ambiental. Ese punto es clave en México porque Semarnat, Conagua y otras autoridades concentran decisiones que determinan el paso de exploración a construcción y, luego, a operación. En proyectos grandes, el permiso ambiental se vuelve el documento que destraba financiamiento, contratos y cadenas de suministro. Sin ese papel, las empresas suelen evitar comprometer capital fuerte en obra civil, energía y plantas.
El cuello de botella no se limita a Chihuahua. En los últimos años, el sector minero ha descrito un rezago relevante en autorizaciones. En enero de 2026, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México habló de 160 proyectos detenidos, con avances desiguales, por falta de permisos ambientales y por la ausencia de reglamentación completa en algunos cambios normativos. Ese diagnóstico ayuda a ubicar a Cordero dentro de un problema nacional.
También surgieron señales de aceleración. En diciembre de 2025, El Financiero reportó una liberación más rápida de permisos ambientales y de agua, con un avance importante en la atención del rezago. Según ese reporte, el objetivo de normalización podría extenderse hacia mediados de 2026. Si esa tendencia se sostiene, proyectos como Cordero ganan probabilidad de cumplir sus fechas.
Aun así, el entorno regulatorio pesa. En 2023 se aprobaron reformas a la Ley Minera que recortaron la duración de concesiones y endurecieron condiciones, incluida la relación con permisos de agua. Reuters recogió la preocupación del sector por el efecto en nuevos desarrollos, en un momento en que varias inversiones se orientaron más a expansiones y mejoras de operaciones existentes. En ese marco, un gran proyecto nuevo necesita algo más que un buen yacimiento. Necesita certidumbre.
Además, en el debate público han aparecido propuestas para prohibir la minería a cielo abierto y el fracking mediante reformas constitucionales. Reuters informó en agosto de 2024 que una comisión legislativa avanzó una propuesta de ese tipo, con alertas de la industria por el impacto económico y laboral. Aunque esos procesos pueden cambiar en el camino y requieren mayorías calificadas, el solo debate introduce riesgo percibido. Ese riesgo suele traducirse en cautela financiera y en planes más conservadores.
En Chihuahua, el gobierno estatal busca colocar la discusión en un terreno práctico: empleo, inversión y cadenas locales, sin perder de vista el cumplimiento ambiental. La compañía afirma que el proyecto puede aportar empleos, capacitación, compras locales e ingresos fiscales. Esa promesa no es menor para regiones mineras que viven ciclos y necesitan proyectos ancla para sostener proveedores, transporte, talleres y servicios.
El estado ya juega un papel relevante. Chihuahua ocupa posiciones altas en valor y volumen de producción minera a nivel nacional, con presencia importante en oro, cobre, plata y zinc. La propia nota de Expansión lo resume con un dato: Chihuahua se ubica en cuarto lugar en valor de producción minera, con cifras del INEGI disponibles hasta octubre. Ese contexto explica por qué la entidad apuesta por atraer inversión, pero también por qué cualquier retraso duele en la narrativa económica local.
Cordero no es el único expediente en la mesa. La directora de Minería del estado mencionó otros proyectos en etapa de permisos. Entre ellos destaca Orisyvo, un yacimiento de oro y plata ligado a Fresnillo, que también proyecta 2027 como fecha objetivo de arranque, según lo expuesto en el evento. Un tercer proyecto se asocia a cobre, con trámites de agua y exploración todavía en proceso. Ese “embudo” de permisos confirma que el reto no es aislar un proyecto. El reto es el ritmo institucional.
El tema del agua, en particular, merece una lectura seria. En el norte del país, la disponibilidad hídrica y la competencia por usos agrícolas, urbanos e industriales elevan el estándar de diseño. Los proyectos grandes tienen que demostrar eficiencia, recirculación y controles. También deben comunicarlo mejor. Cuando una comunidad escucha “mina”, suele pensar en consumo de agua, polvo y residuos. Si la respuesta no llega con datos verificables, el vacío lo llenan la desconfianza y la polarización.
Desde una óptica de política pública, el caso Cordero sirve como termómetro. México compite por inversión minera con jurisdicciones que prometen tiempos claros de evaluación, sin relajar estándares. La inversión no huye del requisito ambiental. Huye del requisito impredecible. Si Semarnat y las demás autoridades sostienen criterios firmes, pero con calendarios transparentes y decisiones bien fundamentadas, el país puede capturar valor sin sacrificar control ambiental.
En lo económico, la plata vive una narrativa doble. Por un lado, es un metal monetario e industrial. Por otro, sostiene cadenas tecnológicas que van desde electrónica hasta componentes energéticos. Esa realidad eleva el interés por proyectos grandes y de largo plazo. No significa vía libre. Significa oportunidad, siempre que se ejecute con gobernanza, control de impactos y beneficios compartidos.
En este contexto, 2026 se perfila como un año decisivo para Chihuahua. Si la autorización ambiental se emite con condiciones claras y verificables, el proyecto podrá asegurar financiamiento, contratación y compras con menor fricción.
El reto, entonces, no se resume en “abrir una mina”. Se resume en construir confianza. Eso incluye estudios sólidos, comunicación pública responsable y vigilancia efectiva. Si Cordero entra en operación en 2027, Chihuahua no solo sumaría producción de plata. También podría mostrar que un gran proyecto puede avanzar con reglas claras y controles estrictos, en un momento en que México discute el futuro regulatorio del sector.
